PP y C’s critican el nuevo Plan Económico de Sánchez Mato que no cumple la regla de gasto

Los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos han criticado este jueves la aprobación por parte de la Junta de Gobierno que lidera Manuela Carmena de un Plan Económico Financiero (PEF). Lamentan que, como el del año pasado, no cumple con la interpretación de la regla de gasto del Ministerio de Hacienda.

Por parte de las filas de Esperanza Aguirre, su portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna ha denunciado un “PEF trampa” aprobado por Carmena. Acusó al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de “volver a las andadas insistiendo en el error de pretender engañar al Ministerio de Economía y Hacienda con un Plan Económico trampa con el que enjuagar el incumplimiento de la regla de gasto en 233 millones de euros y todo ello sin reducir el gasto publico”.

“La mentira y el trilerismo político tienen las patas muy cortas y si lo que Sanchez Mato pretende es engañar al Ministerio con burdos artificios contables lo lleva claro”, dice el nº 2 del PP capitalino. Henríquez de Luna carga contra lo que considera “un brindis al sol del Gobierno municipal, que exige a otras administraciones fondos ficticios para financiar el ejercicio de competencias impropias por importe de más de 400 millones de euros”.

“Exigimos que Sánchez Mato deje de marear la perdiz, deje de engañar a los ciudadanos con ese victimismo hipócrita y cumpla de una vez con la legalidad. Al final por las buenas o por las malas lo tendrá que hacer”, concluyó.

Por su parte, el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo explica a OKDIARIO que coincide en que este Plan es una nueva «irresponsabilidad» por parte del equipo de Gobierno que integra Ahora Madrid.

El concejal de la formación naranja indica que el Ministerio de Hacienda, de nuevo, echará para atrás este plan. Redondo augura que se puede llegar a intervenir el Ayuntamiento y la inhabilitación del concejal de Economía y Hacienda.

Avanza que hay aspectos que no le gustan de la forma de proceder en esta cuestión por parte de la Corporación local. Por ejemplo, adelanta que ha pedido una comparecencia para la próxima semana de la Interventora Municipal ya que no entiende que un cargo que debería ser técnico se dedique a cuestionar las normas y proponer otras, tal como hizo en un encuentro con otras ciudades hace unas semanas en los pabellones de Cecilio Rodríguez en el parque de El Retiro.

Los motivos de Sánchez Mato

Carlos Sánchez Mato, en rueda de prensa, ha anunciado que el Consistorio requerirá la aprobación de un nuevo marco de financiación local y autonómica por las competencias impropias, una de las causas del incumplimiento de 233 millones.

Sánchez Mato ha asegurado que la línea roja del Gobierno, consensuada con el PSOE, es que no haya recortes, ha adelantado que el Gobierno tendrá una posición favorable a las enmiendas que presenten los socialistas. El delegado ha destacado que el abanico de negociación es limitado y se queda únicamente en el PSOE, que defiende políticas similares en este terreno a las de Ahora Madrid, porque «PP y Ciudadanos quieren recortes en esta ciudad pero no los llaman así».

Ahora el PEF pasará por la comisión de Economía y Hacienda y se elevará al Pleno de marzo para su aprobación definitiva. En el plazo de cinco días sería remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Sánchez Mato es «optimista» con respecto a la futura respuesta del departamento que dirige Cristóbal Montoro, pide más explicaciones que las dos líneas que recibió el año pasado sobre el PEF no validado.

En las líneas fundamentales del PEF se detallan los motivos por los que se ha sobrepasado la regla de gasto en 2016 en 233 millones, aportan garantías de estabilidad presupuestaria y se propone una interpretación de la regla «más acorde con la realidad económica de los municipios y con las necesidades de la ciudadanía», ha dicho.

Los motivos indicados por el Ayuntamiento por el que se incumplió la regla de gasto en 2016 según la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda pasan por la amortización adelantada de deuda, que fue penalizada con un coste de 1,8 millones de euros, un gasto que, como ha recordado Sánchez Mato, «no decidió acometer el equipo de Gobierno sino que la ley obliga a ello».