El juez retira el móvil al ayudante de Ábalos y al resto de los detenidos para investigar sus llamadas
El ayudante de Ábalos se niega a declarar ante el juez y queda en libertad con medidas cautelares
Ha sido detenido el dueño de un depósito judicial de coches de narcos por la trama del ayudante de Ábalos
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las presuntas comisiones en la compra de mascarillas por parte del Gobierno de España, ha requisado el teléfono móvil de Koldo García, ayudante del ex ministro José Luis Ábalos, y el resto de los detenidos para investigar sus comunicaciones. El magistrado instructor quiere analizar las llamadas y los chats de los implicados en esta investigación de mordidas en contratos públicos que suman los 50 millones de euros, según la Policía. El juez también les ha retirado el pasaporte.
Tras tratar de recabar su declaración sin éxito, porque se han acogido a su derecho a no hablar, el juez ha puesto en libertad a Koldo García, el ayudante del ex ministro José Luis Ábalos; a su hermano Ioseba; al presidente del Zamora, Víctor de Aldama; y al empresario vasco Íñigo Rotaetxe. Fuentes jurídicas detallan que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado dejarles libres después de que la Fiscalía no haya solicitado prisión para ninguno de ellos. En todo caso, el magistrado ha estipulado que tanto el ex ayudante de Ábalos como De Aldama deben presentarse en el juzgado de forma periódica a instancias del Ministerio Público.
Los guardias civiles pusieron a disposición del juez Moreno a cuatro de los 20 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la crisis de Covid-19 cuyas mascarillas fueron destinadas a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Los investigados puestos a disposición judicial fueron detenidos ayer en sus ciudades de origen y fueron trasladados a Madrid donde han comparecido ante el juez en la sede de la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana. Los imputados han llegado al juzgado acompañados de sus abogados y han permanecido en la sala de vistas más de cuatro horas.
Este miércoles, agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas. La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas. Fuentes del Ministerio del Interior se negaron a valorar la información. Apuntan a que «no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto».
Tres delitos
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las cuatro de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.
En el caso del Ministerio del Interior, fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión SL por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido solicitados previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
En este marco, la Guardia Civil igualmente requirió al Ministerio de Transportes documentación en el contexto de la investigación por las presuntas mordidas.
En todo caso, las fuentes consultadas esgrimen que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.