La Comunidad Madrid tacha de «gigantesca estupidez» la Ley Celaá

Ley Celaá Madrid
Enrique Matías Ossorio durante su intervención en el Pleno de la Asamblea (Pool)

La Comunidad de Madrid ha cargado con dureza contra la Ley Celaá a la que califican de «gigantes estupidez». El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha dicho sin miramientos que la norma aprobada por la mínima en el Congreso de los Diputados hace de la «mediocridad» el camino y que «eleva a los altares la promoción con suspensos», además de «ir contra el español y contra la libertad de los padres».

Desde el IES Juan de la Cierva de la capital, uno de los seis centros educativos que ofrece un programa de altas capacidades, Ossorio ha remarcado que la Comunidad promueve este tipo de planes, como el del
bilingüismo o el STEM, para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, buscando la «excelencia en las aulas».

«Es la antítesis de la ley que desgraciadamente se está tramitando, la Ley Celaá, que eleva a los altares la promoción con suspensos. Ese no es el camino, el camino no es abaratar los títulos sino que los alumnos se esfuercen y se enamoren del conocimiento. El camino no es rebajar el nivel ni la mediocridad», ha argumentado.

Cree que el Gobierno central comete además «una gigantesca estupidez al ir contra el español». «En cualquier país civilizado tienen que alucinar y más cuando tenemos el tercer idioma que más se habla en el mundo, el idioma en el que escribió Cervantes. Es una estupidez de tal calibre que es un síntoma de incultura, de falta de formación, es una estupidez», ha reiterado.

«Y luego está el ataque a las familias porque nosotros damos libertad de elección a los padres para que no seamos la Administración la que esté por encima de los padres. La Constitución dice que los padres tienen la obligación de atender la educación de sus hijos y el derecho a tener la formación moral o religiosa que ellos consideren», ha indicado Ossorio.

El consejero ha confesado su preocupación «por la educación especial, por la concertada» y considera que es «muy triste porque cuando tendría que ser cómo conseguir una educación que individualice más la atención al alumno, ahora con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, hablamos de arrinconar el español y quitar libertad a las familias».

Ataque al castellano

La polémica Ley Celaá, que vendrá a sustituir a la actual ley educativa, plantea un panorama incierto para la enseñanza en español. Además de la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para suprimir el carácter vehicular de la lengua común, se abre también la puerta a que los gobiernos autonómicos puedan imponer lenguas que no tienen ni siquiera la consideración de oficial.

«Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora», se recoge en el texto.

El PSOE busca así fomentar, además de las lenguas co-oficiales, aquellas que ni siquiera son consideradas como tales, ni compartidas en todo el territorio de una comunidad autónoma, como el caso del bable en Asturias. El Principado ya desarrolló un plan piloto, en 2017, para impartir una asignatura, en parte, en asturiano. La anterior ley, la LOMCE, establecía que esas lenguas se podrían ofrecer «en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica».

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