Casado avisa a Sánchez: «La ‘Ley Celaá’ durará lo que tardemos en llegar al Gobierno»

El líder del PP, Pablo Casado, ha lanzado hoy una clara advertencia a Pedro Sánchez: «La ‘Ley Celaá’ durará lo que tardemos en llegar al Gobierno». Mientras, los populares actuarán desde las CCAA donde gobiernan, como es el caso de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado una ley que contrarreste los efectos de la LOMLOE, y anuncia que acudirán tanto al Tribunal Constitucional como a las instituciones europeas en defensa de la libertad educativa.

El PP hará «todo lo posible» para frenar la ‘Ley Celaá’, ha afirmado hoy Pablo Casado desde la manifestación celebrada en Madrid convocada por la Plataforma Más Plurales. Ha sido la marcha más numerosa de las más de 30 que han recorrido las principales ciudades españolas, desde Sevilla a Pamplona.

Se trata, ha dicho el presidente los populares, de «evitar los estragos» de la reforma educativa impulsada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para contentar a separatistas y proetarras y conseguir su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

El PP recuerda a Sánchez que las instituciones europeas consagran «la libertad de elección educativa». Casado ha hecho estas declaraciones antes de participar en la protesta en la capital organizada por la asociación Más Plurales contra la reforma educativa, en la que ha estado acompañado por el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, entre otros dirigentes populares.

Casado ha destacado que el PP en las comunidades en las que gobierna «hará todo lo posible por legislar» en ese sentido y ha asegurado que la ley será derogada si su partido gana las próximas elecciones.

La reforma educativa del Gobierno es «mala para el futuro, para la unidad nacional y para la calidad educativa» que es, ha añadido Casado, «la palanca del desarrollo» de España.

El PP está «a favor de la libertad de elección de las familias» y de que el castellano «sea lengua vehicular» en todo el territorio, así como de defender la educación concertada, principalmente frente a los niños con discapacidad cuyas familias necesitan este modelo educativo.

Finalmente ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «escuche» a las familias que han acudido este domingo a la protesta y que piden «libertad» y «respeto para España».

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado por su parte también este domingo que la reforma educativa del Gobierno, aprobada el pasado jueves en el Congreso, «esconde que con la educación se paga apoyo parlamentario para poder seguir en la Moncloa».

Es algo que «un gobernante que tenga un mínimo de respeto a su sociedad no hubiera permitido, pero que, sin embargo, sí está ocurriendo», ha afirmado Gamarra, también diputada por La Rioja, en declaraciones a los periodistas, donde ha apoyado los actos de protesta convocados este domingo en varias ciudades españolas por la Plataforma Más Plurales.

Gamarra ha subrayado que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional esta reforma si se aprueba en los términos en los que se está tramitando, porque no considera que sea el camino para que una sociedad, como la española, sea de personas «libres e iguales».

Desde el punto de vista del PP, ha añadido Gamarra, la LOMLOE «ataca la igualdad entre españoles» y «forma parte de las negociaciones presupuestarias del Gobierno de España de Sánchez e Iglesias para mantenerse en la Moncloa».

El PSOE ha respondido al presidente del PP, Pablo Casado, que «no se puede cuestionar» la aplicación de la nueva ley educativa, la LOMLOE o también denominada ‘Ley Celaá’ «en ninguna comunidad autónoma», como pretende hacer el PP, porque se trata de una ley orgánica, según informa Europa Press.

La diputada socialista y portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha reprochado a Pablo Casado su «deriva» e «irresponsabilidad absoluta» por anunciar que llevará la Ley al Tribunal Constitucional (TC) y por decir que garantizará en las comunidades autónomas donde gobierna (Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León), que no se aplique la norma.