Clamor de los jueces contra la amnistía: «Es corrupción, Sánchez comete un delito de cohecho»

Los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional se muestran indignados con la proposición de Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez y sus socios independentistas, gracias a los que se mantiene en la Moncloa. Los togados consultados por este periódico tildan de «lamentable» el texto. Consideran que el Gobierno está cometiendo «corrupción» con esta norma legal que pretende borrar los delitos cometidos por los secesionistas durante más de una década. «Pedro Sánchez comete un delito de cohecho, ya que es una autoridad que, para beneficiar a los independentistas, ofrece una dádiva gracias al ejercicio de su cargo», señalan los magistrados consultados. Rechazan categóricamente que la amnistía tenga cabida en el Derecho europeo y en la propia Constitución Española. 

PSOE, ERC y Junts ya han cerrado el texto final de la Ley de Amnistía. Si bien no vienen a modificar el texto legal en su esencia, sí amplían el espectro temporal, comenzando a amnistiar actos desde el 1 de noviembre de 2011. Además, los independentistas han decidido añadir el delito de torturas en sus enmiendas a la amnistía inicial. Esto sorprende a los jueces, que tildan dicha inclusión en la Amnistía de»un disparate que nunca antes se había hecho».

La Ley de Amnistía también prevé el olvido de los delitos cometidos por los líderes del procés y sus seguidores. Este punto está siendo muy criticado dentro de la Judicatura, ya que, según explican fuentes solventes, rompe con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. «Sánchez les da un bono para delinquir, pero es un privilegio sólo para los independentistas frente al resto de los millones de españoles», señalan las mencionadas fuentes.

Pedro Sánchez ha tratado de vender esta ley como una suerte de reconciliación entre españoles. La denomina Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Sin embargo, los jueces descartan que se trate de un texto para pacificar a la sociedad; la ven como un mero intercambio de beneficios partidistas entre el PSOE y sus socios independentistas para dar inmunidad penal para un determinado grupo de personas que, con sus votos, tienen en su poder la llave del Gobierno de Sánchez.

El inquilino de la Moncloa y sus socios también incluyen en su texto que la amnistía no es inconstitucional porque –argumentan- ya existió una en 1977 para olvidar los delitos cometidos durante la dictadura franquista. Sin embargo, los jueces descartan estas tesis, puesto que el contexto histórico es totalmente diferente. Entre otras sustanciales diferencias, la de 1977 fue preconstitucional, mientras se cimentaba la democracia tras la dictadura. Además, los togados también se muestran críticos con las acusaciones de lawfare que se han sucedido durante las negociaciones de la medida de gracia. «Se ha hecho una campaña antijueces, cuando nosotros aplicamos el Código Penal y las leyes que ellos hacen», lamentan.

Terrorismo

Uno de los puntos más controvertidos de la ley han sido los intentos del independentismo por amnistiar los delitos de terrorismo imputados en causas como Tsunami. La enmienda transaccional presentada por Junts y ERC, y aprobada por el PSOE, prevé que se amnistíen actos que, por su finalidad, puedan ser calificados como terrorismo según las directivas europeas.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó este delito a líderes del procés como Carles Puigdemont, Marta Rovira y Rubén Wagensberg, entre otros. Además, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que juzgara a los imputados por este delito que están aforados. La Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal acogió la causa y, según consta en el auto de los magistrados consultados por este periódico, «no cabe duda» que los hechos instruidos por García Castellón podrían incardinarse en un delito de terrorismo.

Las leyes europeas descartan cualquier amnistía de los Estados miembros en los hechos tipificados como terrorismo. Estas directivas europeas han sido traspuestas al Código Penal español, que recoge en los delitos de terrorismo el enaltecimiento y el adoctrinamiento para cometer un acto terrorista. Además, los independentistas no han tenido en cuenta actos de desestabilización del Estado que llevaron a cabo los manifestantes de Tsunami como, por ejemplo, el bloqueo del tráfico aéreo mediante el asedio al aeropuerto barcelonés de El Prat. De este modo, los jueces consultados señalan que Carles Puigdemont sí podría haber cometido un presunto delito de terrorismo al alentar a los independentistas de Tsunami a cometer acciones violentas.

«Intentan extraer del carácter terrorista unos delitos que están configurados como tales en el Código Penal español y lo intentan hacer minimizando el delito de terrorismo. Quieren blindar la amnistía para que las cuestiones prejudiciales en Europa no se consideren», explica el catedrático en Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos en una conversación con OKDIARIO.

Informe sobre la Amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está preparando el informe sobre esta Ley de la Amnistía solicitado por el Senado, donde el Partido Popular tiene la mayoría de la Cámara. La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces designó a los vocales Wenceslao Olea y Mar Cabrejas como ponentes del dictamen solicitado.

Fuentes consultadas señalan que, para elaborar el informe, han sido nombrados dos ponentes con disparidad de opiniones. Las mencionadas fuentes explican que los vocales incidirán en cada artículo de la Ley de Amnistía y que se abordará ampliamente si se debe aplicar la medida de gracia en el delito de terrorismo.

Europa o el Constitucional

A pesar del informe consultivo del CGPJ, la Ley de la Amnistía se aprobará previsiblemente en las Cortes la semana que viene. Tras ello se procederá a su publicación en el BOE y los jueces tendrán dos meses para aplicar el texto si están juzgando alguna causa relacionada con los independentistas. Sin embargo, esta aplicación podría paralizarse si algún juez plantea una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos o si se interponen recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes solventes aseguran que los magistrados del Tribunal Supremo ya barajan plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De este modo, la aplicación de la amnistía quedaría congelada hasta la resolución de los tribunales europeos, que podría tardar años.

«La amnistía conculca el Derecho europeo y es inconstitucional, porque no viene a resolver de una manera definitiva un problema sociopolítico como es el independentismo, sino que es una desviación de poder para votar a una persona que quiere ser elegido presidente», zanja el catedrático Rodríguez Ramos.