Puigdemont exigirá a Sánchez un referéndum consultivo en 2025 para prorrogar su estancia en Moncloa

La amnistía ya no es suficiente para que Pedro Sánchez siga contando con el apoyo de sus socios independentistas, que le es imprescindible para continuar en la Moncloa. Los de Carles Puigdemont dan por lograda la ley de perdón penal y ahora van a por el siguiente y gran objetivo de su particular hoja de ruta: el referéndum consultivo sobre la independencia de Cataluña. El partido del ex president que protagonizó la revuelta separatista del otoño de 2017, el conocido como 1-O, pone fecha a la exigencia que va a cursar de inmediato ante Sánchez: ese referéndum debe celebrarse en 2025, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al ex presidente de Cataluña.

Junts ya ha puesto en marcha su particular reloj de la cuenta atrás. Y, para reforzar su reclamación, apela al artículo 92 de la Constitución, cuyo tenor –dice Puigdemont– hace que no existan «impedimentos constitucionales para organizar y celebrar ese referéndum». Tal y como establece la Carta Magna, el resultado no sería imperativo, sino consultivo. Es decir, la opción que emanara de esas urnas no sería de obligado cumplimiento para el Gobierno. Pero, evidentemente, tendría un impacto político muy notable.

Pedro Sánchez no puede mostrar sorpresa ante este nuevo requisito que los de Puigdemont le han puesto sobre la mesa. No le ha de resultar extraño a Sánchez, porque Puigdemont no sólo no ha ocultado que ese es el gran objetivo sino que lo advirtió en septiembre pasado. Es decir, lo verbalizó cuando el PSOE se embarcó en la negociación de la Ley de Amnistía para lograr la investidura de Pedro Sánchez, en contra de lo que había dicho en la campaña electoral de las generales de julio. Escuchada la exigencia del referéndum, Sánchez buscó activamente el pacto. Más aún, como adelantó OKDIARIO en noviembre, aceptó negociar dicho referéndum para cerrar el pacto de investidura con los independentistas.

Hace seis meses, el 5 de septiembre, el dirigente de Junts dio una conferencia en su refugio de Bruselas en la que lanzó abiertamente la exigencia a la que ahora pone fecha. En aquel momento no marcó un plazo concreto para el pretendido referéndum consultivo. Ahora, sí.

«Que nadie se engañe»

De hecho, en esa conferencia advirtió a Pedro Sánchez: «Que nadie se engañe, tampoco con la amnistía se resolverá el problema de fondo». Y aclaraba: «No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y, por tanto, de su derecho a la autodeterminación».

La hoja de ruta era nítida y explícita. Y Sánchez se embarcó en la alianza con quienes la diseñaron desde el independentismo catalán. Era cuestión de ir cubriendo etapas: la inmediata era la amnistía, que se ha acabado de cerrar esta semana. Lo ha hecho con la aceptación del PSOE a incorporar en el proyecto de ley las máximas exigencias del independentismo para blindar extensamente a los separatistas condenados, procesados o investigados por delitos ligados al procés, incluidos los de terrorismo. Así que, salvada esta etapa, sin más dilación Junts exige acometer la siguiente: la celebración del referéndum consultivo con fecha cierta, el año que viene.

Los de Puigdemont exigen poner en práctica los planes verbalizados por el ex president en aquella conferencia de Bruselas del pasado septiembre. «El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república». «Y –continuó– sólo un referéndum acordado con España podría sustituir el mandato político del 1 de octubre de 2017, tal y como hemos recalcado desde hace años».

Junts sostiene que Pedro Sánchez no puede negarles el referéndum consultivo alegando su inconstitucionalidad. Se lo trasladan ya al Gobierno, replicando lo que a este respecto también verbalizó Puigdemont en septiembre pasado: «No existen impedimentos constitucionales para organizar y celebrar ese referéndum; basta con recordar el artículo 92 de la Constitución».

Lo tendría que convocar el Rey

Este artículo  de la Carta Magna es el que aborda la convocatoria y celebración de referéndums. Su párrafo primero establece: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos».

Asimismo, en su párrafo segundo, indica que, cuando se decida celebrar un referéndum, éste «será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados». Es decir, primero tendría que haber una mayoría parlamentaria que apostara por la celebración del referéndum, lo que ahora se da con el conglomerado del PSOE, Sumar y sus socios en la Cámara Baja. Y luego Sánchez lo elevaría al Rey para que lo firmara.

Al igual que ocurre con la amnistía, la doctrina constitucional no deja margen de maniobra al Jefe del Estado para bloquear una decisión emanada del Legislativo: cursarla con su rúbrica se entiende que es un acto debido. Caso aparte sería el control de constitucionalidad al que podría enfrentarse esa convocatoria si, llegado el caso, un referéndum de esas características fuera recurrido ante el Tribunal Constitucional.