Sánchez garantiza a Puigdemont negociar el referéndum de autodeterminación, como adelantó OKDIARIO

Pedro Sánchez tiene ya garantizada su investidura a cambio de otorgar por escrito al fugado Carles Puigdemont algo que ni se atrevió a conceder a sus socios de ERC:la negociación de un referéndum consultivo de autodeterminación, tal como adelantó OKDIARIO. De esta forma, el líder de Junts ha hecho pasar por caja y de rodillas a los socialistas. «En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución», dice el pacto por escrito entre Sánchez y Puigdemont.

El acuerdo de investidura es una gran victoria política de Junts con la que darían validez al referéndum ilegal celebrado en 2017, más cuando en el acuerdo del PSOE con ERC se apuntaba al referéndum sólo como una posibilidad, al igual que hicieron hace años con la amnistía. Puigdemont ha arrancado a Sánchez esta negociación por escrito aunque el PSOE afirma de cara a los suyos que «niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral».

Además, defenderá «los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el despliegue y el respeto de las instituciones…». Así todo, nada de esto dijo Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, en su rueda de prensa sobre el pacto, que sí admitió que negociarán pero «dentro de la Constitución».

Esto sólo admite una única lectura política conociendo la prolija hemeroteca de los socialistas diciendo una cosa y la contraria: Junts quería concreciones antes de regalar sus votos y las ha conseguido. Por más que el PSOE diga que defenderá la Constitución, los socialistas adoptan en todo momento el mismo tono victimista de los independentistas como puede leerse en el acuerdo:

• Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 — ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este mismo jueves, Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament, ya avisaba a la CUP que «desde la validez del 1 de octubre y la vigencia del 27 de octubre un referéndum acordado con el Estado puede sustituir el 1 de octubre. Tenemos que poder hablar de un referéndum acordado con el Estado, validado internacionalmente y que el Parlament decida los caminos».

«No vamos a pasar por ahí», decía el PSOE

«No vamos a pasar por ahí», decían los socialistas el 29 de septiembre. Dada su habitual costumbre a «cambiar de opinión» -un eufemismo sanchista para ocultar sus engaños y mentiras- sólo 24 horas después el diputado socialista Óscar Puente dijo de forma premonitoria que analizaban «una consulta para valorar un marco de consulta», una posibilidad que sí cabe en la Carta Magna.

En diciembre de 2022  Sánchez se pavoneaba ante  Pere Aragonés tras su amenaza de preparar un nuevo referéndum en 2023. Sánchez, que en su día rechazó también la derogación de la sedición o la rebaja de la malversación, presumió de que los independentistas, sus socios, «pueden pedir lo que quieran, pero no habrá referéndum».

Tal como avanzó OKDIARIO la fórmula encontrada por ambas partes es la de un referéndum consultivo, recogido en el artículo 92 de la Constitución, que daría cobertura legal a la votación y a Sánchez le permite seguir diciendo que «todo lo acordado será dentro el marco constitucional».

De esta manera este nuevo referéndum, cuya pregunta está por ver, lograría superar los escollos que se encontraron el del 9 de noviembre de 2014 y el del 1 de octubre de 2017. En el primer caso fue el Congreso el que no permitió una consulta popular y en el segundo la propia Constitución la que imposibilitaba un referéndum de secesión.

Tanto ERC como Junts habían exigido la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia en Cataluña «a la escocesa» siguiendo el modelo de consulta que se celebró en Escocia en 2014. Esto significa un referéndum «consultivo y vinculante» pactado con el Estado.  La gran diferencia con 2017 fue que no se celebró de forma unilateral sino que era reconocido y vinculante por ambas partes; es decir, era legal. Un error de cálculo del primer ministro británico David Cameron que acabaría con su carrera política.