El Gobierno propone eliminar penas de cárcel para evitar la «hiperinflación» de las prisiones

El Gobierno considera que las prisiones españolas están saturadas y propone una medida para solventarlo: priorizar las medidas alternativas a la cárcel ante determinados delitos.

Los socialistas han expuesto este planteamiento en una de las últimas reuniones de la Comisión para el Estudio del Modelo Policial del Siglo XXI, en el Congreso. En concreto, el diputado socialista Pedro Muñoz González llamó la atención sobre la «hiperinflación» de los establecimientos penitenciarios que, opinó, es resultado de aplicar un «populismo punitivo» a través de las últimas reformas del Código Penal realizadas por el Partido Popular y que concluyeron, dijo, en un «aumento de las penas».

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, a diciembre de 2017, España contaba con una población reclusa de 58.814 personas, inferior a otros países del entorno. El último informe del ‘World Prison Brief’ -con cifras de todo el mundo- nos coloca en el puesto 124 de 222, con 126 presos por cada 100.000 habitantes. La ratio es de 119,5 presos por cada 100 plazas, según las cifras del Consejo de Europa (de 2015). 

Los socialistas ven esta proporción excesiva y llaman la atención sobre la aplicación de las penas y medidas alternativas previstas en el Código Penal de 1995.

En opinión del partido del Gobierno, las modificaciones del PP han provocado una «deconstrucción» del mismo para «no potenciar las medidas alternativas que se daban a las penas de prisión y sí incidir en el aumento de las penas». En consecuencia, ven necesario avanzar en soluciones que eviten el encarcelamiento, como multas, pérdida de derechos políticos, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido, entre otras posibles alternativas.

Un 3,7% más

Los socialistas justifican además que en España existe un elevado número de agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (4,9 por cada 1.000 habitantes) y que la tasa de delincuencia es baja.

Según el último Balance de Criminalidad del ministerio del Interior, hasta septiembre se habían registrado 1.582.879 infracciones penales (lo que incluye desde homicidios, a agresiones sexuales, o hurtos, robo de vehículos o tráfico de drogas), un 3,7 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

Según el PSOE, los niveles de delincuencia «no deben corregirse por la vía puramente penal porque eso al final lo que está generando es una hiperinflación en los establecimientos penitenciarios, y sobre todo, una elevación desmesurada de las penas por la represión de algunas conductas».

La postura del PSOE encuentra acomodo en Podemos. En la misma comisión parlamentaria, el diputado de esta formación, Manuel Monereo, coincidió en que el sistema penal español es «dramáticamente duro». «Es un sistema con muchas penas, con penas muy altas y mecanismos muy fuertes de prevención negativa general. No llega al derecho penal del enemigo pero ya tenemos muchas zonas próximas a eso», aseveró.

Monereo, como los socialistas, destacó que el sistema provoca «unas cárceles engrandecidas» e invitó a una revisión del sistema penal, cuestionando si lo realmente «eficaz» es «que la gente termine encarcelada» o «evitar que haya delitos». «La relación entre medios y fines demuestra que no es un sistema eficiente», concluyó.

Enmiendas del PSOE

Los socialistas ya han dejado ver su postura ‘blanda’ en la interpretación de determinadas conductas, como las recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

La reforma de la ley, que únicamente establece un régimen sancionador y no penal, aborda estas semanas un impulso parlamentario con el debate de las enmiendas y con la coincidencia entre PSOE y Podemos de relajar sensiblemente las infracciones relativas a la «protesta social» o a la libertad de expresión y de reunión.

El debate de las enmiendas, que se inicia este martes, llega además entre las críticas de los sindicatos más representativos de la Policía Nacional, que la pasada semana ya llevaron a la Comisión de Interior del Congreso su «rechazo frontal» a las últimas órdenes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En concreto, critican la instrucción emitida el pasado 17 de octubre por la Secretaría de Estado de Seguridad para fijar nuevas órdenes sobre «la práctica de los registros corporales externos» o «la interpretación de determinadas infracciones» de la ley del PP.

En dicha instrucción se rebaja el delito de ‘desobediencia’ o ‘resistencia’ a la autoridad o se permite la captación de imágenes de los agentes, «siempre y cuando no represente «un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o las operaciones policiales».

En su comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, avanzó la intención del Ejecutivo de «racionalizar» la aplicación de la ley, mientras se avanza en su modificación, y evitar
«desproporcionalidades y situaciones extremas».