Talgo no está salvada: el consorcio debe poner otros 75 millones para que entre la SEPI en el capital

El consorcio promovido por el Gobierno vasco anunció este viernes que firmaba el acuerdo de compra del 29,7% de Talgo en manos del fondo Trilantic (la sociedad Pegaso) por 157 millones. Sin embargo, eso no implica que la ferroviaria esté salvada, puesto que todavía quedan varias condiciones para que la SEPI aporte los 75 millones prometidos para asegurar la viabilidad de la empresa.

Un portavoz del holding empresarial del Estado confirma que «el acuerdo anunciado hoy es una de las condiciones establecidas para la inversión de SEPI», pero no la única. Y se remite al comunicado del 29 de julio, que establece tres condiciones:

1. La adquisición del 29,7% por el consorcio de Sidenor, el fondo público Finkatuz y las Fundaciones BBK y Vital a 4,25 euros cerrada ayer. Y que establece el precio para la entrada de la SEPI.
2. «La suscripción de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 75 millones de euros por un grupo de inversores en las mismas condiciones de suscripción que las de SEPI».
3. La aprobación por las entidades financieras de una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Adicionalmente, se concederá una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros.

La segunda de estas condiciones es casi imposible de alcanzar por el consorcio, ya que se suman a los 157 millones de la compra de acciones. Al menos, en la parte que corresponde a Sidenor (un 13,3%, según también comunicó la SEPI a la CNMV). Por tanto, o tendrá que vender su parte o tendrá que haber un nuevo reparto de la carga.

Salida de Sidenor con penalización

Precisamente, el contrato firmado ayer contiene una cláusula que permite a la empresa de José Antonio Jainaga revender su participación en Talgo al resto de miembros del consorcio; es decir, le da una puerta de salida. Ahora bien, tiene penalización (como es habitual en estos casos) si vende su paquete antes de dos años y lo hace por encima de esos 4,25 euros por acción.

Llegar a ese precio se antoja bastante complicado, puesto que la acción de Talgo cotiza en Bolsa a 2,95 euros a pesar del repunte del 10% con el que recibió la firma del acuerdo. Por tanto, tendría que subir un 44% para alcanzar el nivel al que se contempla que se ejecutará la compraventa; o dicho de otro modo, los miembros del consorcio asumen de inicio esa pérdida con la esperanza de recuperarla con el tiempo.

La tercera condición tampoco es que sea fácil de alcanzar: una refinanciación de la deuda que implica la aportación de 1.270 millones más por parte de los bancos acreedores. Aquí, el consorcio y la SEPI confían en que, puestos entre la espada y la pared -es decir, entre hacer esto o que Talgo vaya a concurso de acreedores-, los bancos aceptarán, como han aceptado la quita del 100% en Duro Felguera.

Más dificultades

Como ha venido informando OKDIARIO, estas condiciones tan difíciles de cumplir y estas pérdidas para los inversores no son los únicos obstáculos que afronta el rescate de Talgo. La operación también requiere que la CNMV dictamine que no hay concertación entre el consorcio y la SEPI -es decir, entre los Gobiernos central y vasco- y que no les obligue a lanzar una OPA sobre el 100%. Algo que sería escandaloso, puesto que el acuerdo entre ambas partes fue alcanzado por Pedro Sánchez e Imanol Pradales en persona.

Asimismo, requiere que la Comisión Europea no considere que los 75 millones de la SEPI son ayuda de Estado (más los aportados por Finkatuz, también público). Algo contra lo que protestarán los grandes competidores de Talgo, como Siemens y Alstom. Y no olvidemos la multa de 167 millones impuesta por Renfe, que también puede hacer descarrilar la operación.

Por último, pero no menos importante, está la imputación del propio Jainaga en la Audiencia Nacional por contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio, por vender acero a Israel que se usó para fabricar armas. Algo que hace muy complicado que el Gobierno, a través de la SEPI, vaya de la mano con él en este rescate.