El lío de Sidenor: lsrael, Talgo y Óscar Puente

Éramos pocos y parió la Audiencia Nacional. Con la casi imposible operación de rescate de Talgo en el aire, como les venimos contando en OKDIARIO, llega el juez Francisco de Jorge y, en una medida disparatada, imputa al dueño de Sidenor, José María Jainaga, por «contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio», ahí es nada, por vender acero a Israel para fabricar armas.

Por supuesto, Jainaga se ha defendido asegurando que suspendió sus relaciones comerciales con Israel el 1 de junio. Pero le espera un calvario judicial. Y peor aún: el juez asegura que sus propios trabajadores han contribuido «a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva». Por eso, no imputa a Sidenor como persona jurídica. O sea, que tiene un motín a bordo en toda regla. Menudo panorama.

Esta imputación que da la puntilla al citado plan de Talgo por una cuestión reputacional: el Gobierno no puede ir de la mano de una empresa cómplice del «genocidio» israelí en Gaza, como lo denominan ellos; recuerden que el plan contempla que la SEPI, el holding empresarial del Estado, inyecte 75 millones en la ferroviaria mediante convertibles y acciones por casi el 8% del capital.

Sidenor buscar salirse

De todas formas, Sidenor lleva tiempo tratando de escaquearse de la operación porque no tiene sinergias (ahorros de costes) con Talgo -no puede fabricar trenes en sus plantas siderúrgicas ni tampoco al revés- ni dinero para comprar la parte que le toca; eso obligaría a Jainaga a hipotecar la compañía en un negocio en el que parte con una pérdida segura del 40% nada menos: se ha comprometido a pagar 4,25 euros por acción cuando Talgo cotiza a 2,55.

Jainaga entró a regañadientes en el «consorcio vasco» porque el Gobierno central y el vasco le trajeron del ronzal para que jugara el papel de «socio industrial» que necesitaban tras descartar a la húngara Ganz-Mavag y a la polaca Pesa (ambas ofrecían OPAs por el 100% del capital).

Dado el tamaño de Sindenor y los problemas citados, el porcentaje se redujo a menos del 30% para no tener que lanzar OPA; lo justo para comprar la parte del fondo Trilantic, pero no la de Abelló y Oriol. Y como tampoco daba, el PNV tuvo que embarcar a las fundaciones de las antiguas cajas BBK y Vital, y a su propio fondo soberano, Finkatuz. Ni por esas, así que finalmente tuvo que entrar la SEPI. Eso sí, con un porcentaje pequeño, que el PNV no quiere al «Estado español» en sus empresas vascas.

Un rescate imposible

Aquí les hemos contado que, salvo milagro, es imposible que este plan salga adelante. Además de las pérdidas iniciales, hay otro montón de obstáculos. En primer lugar, aparte de la compra del 30% de Talgo, el consorcio vasco tiene que poner otros 75 millones en convertibles, con lo que la factura se eleva a 232 millones; lo que le faltaba a Sidenor. En segundo lugar, la SEPI está arrastrando los pies para no meterse en otro lío judicial después de los rescates de las aerolíneas y de Duro Felguera (de ese bochinche hablaremos otro día).

En tercer lugar, el proyecto necesita que la CNMV no considere que hay concertación entre el holding público y el citado consorcio -pese a que ésta es evidente, ya que acordaron la operación directamente el propio Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales-. Es decir, es preciso que repita la jugada de Indra en 2022.

En cuarto lugar, requiere que Bruselas no considere ayuda de Estado este rescate de una empresa en pérdidas que compite con otras privadas. En quinto lugar, está la multa de 167 millones impuesta por Renfe por los fallos y retrasos de los famosos trenes Avril. Por eso, tanto Talgo como el PNV están presionando al Gobierno para eliminarla. Lejos de ello, Renfe podría elevar la multa por el retraso de otros 13 trenes y, de momento, ha vetado la circulación de este modelo en la línea Madrid-Barcelona.

Por último, el Ejecutivo condicionó la entrada de la SEPI a una refinanciación de la deuda con la banca acreedora, que incluye una nueva financiación de 650 millones con vencimiento a 6 años, una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años y una nueva línea de avales de 500 millones de euros. Vamos, la luna.

Y ahora, ¿qué?

Por todo ello, el PNV da por muerta la operación, como también les hemos contado aquí, y explora de nuevo la vía de una fusión de Talgo con CAF, su sueño húmedo de crear un campeón ferroviario vasco. Pero CAF, controlada por sus trabajadores y con gran influencia de Bildu, se ha negado en todas las ocasiones anteriores en que se lo han propuesto. El propio Gobierno central empezó a admitir el viernes que habrá que buscar «otra solución». Pues a ver cuál.

El que parece no rendirse es el Ministerio de Transportes, que esta misma semana ha reiterado que la operación de Talgo «va en la dirección correcta». Óscar Puente no tiene el don de la oportunidad…