La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por la querella sobre sus vínculos con Maduro

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al régimen venezolano del narcodictador Nicolás Maduro.

En un auto consultado por OKDIARIO, el juez de instrucción número 6, Antonio Piña, considera «procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales», dando así curso a la querella presentada el pasado 5 de enero por la asociación HazteOir.

La decisión judicial llega apenas días después de la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero por parte de las autoridades estadounidenses. El narcochavista ha sido extraditado para responder ante la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York por dirigir el Cártel de los Soles, una red narcotraficante que habría movido aproximadamente 200 toneladas de cocaína al año hacia Europa y Estados Unidos.

El magistrado Piña ya ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella. La Audiencia Nacional se considera competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, habría cometido los delitos «en el extranjero».

Medidas cautelarísimas

HazteOir ha pedido al tribunal que adopte medidas cautelarísimas contra el ex presidente socialista. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado cada siete días. La asociación también ha solicitado que se cite como investigado a Zapatero y que declaren como testigos el exministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García –ambos en prisión– y el empresario  delator de corrupción Víctor de Aldama.

La acusación sostiene que la actuación de Zapatero «no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro». Según el escrito judicial, «esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad».

La querella documenta numerosos encuentros entre Zapatero y Maduro desde 2016 hasta 2024. Las reuniones se han celebrado principalmente en el Palacio de Miraflores y en la residencia presidencial de La Casona en Caracas. Entre las fechas registradas figuran el 19 de mayo de 2016, el 7 de febrero de 2020 y el 3 de octubre de 2022, además de su presencia como observador electoral en los comicios de mayo de 2018 y julio de 2024.

El régimen venezolano ha reconocido públicamente a Zapatero como «mediador de confianza». En julio de 2025, Maduro publicó un vídeo en redes sociales expresando «su agradecimiento a Zapatero por su apoyo en gestiones como el intercambio de presos con Estados Unidos».

El aspecto más espinoso de la querella reside en el análisis patrimonial del ex presidente. Según consta en la Resolución de 11 de septiembre de 2012 publicada en el BOE, Zapatero declaró al cesar como presidente del Gobierno un patrimonio total de 130.562 euros. El valor catastral de sus bienes inmuebles ascendía entonces a apenas 15.955 euros.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelan que el patrimonio inmobiliario del matrimonio y de sus hijas habría pasado de un valor aproximado de 38.000 euros en 2011 a superar los 3,7 millones de euros. El incremento patrimonial alcanzaría «aproximadamente los seis millones de euros» si se computan determinados inmuebles no formalmente titularizados por el ex presidente.

En enero de 2025, Zapatero ha vendido su vivienda en Aravaca y se ha trasladado a un chalet de dos millones de euros en Las Rozas. La nota simple registral de esta nueva vivienda aparece a nombre de una tercera persona, lo que la querella interpreta como «su voluntad de ocultar bienes para evitar su embargo».

La acusación incorpora testimonios comprometedores. La ex senadora colombiana ya fallecida Piedad Córdoba declaró el 27 de febrero de 2020 que Zapatero le confesó: «A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá».

Hugo El Pollo Carvajal, exjefe de los servicios de Inteligencia venezolana, ha confirmado ante la Audiencia Nacional que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela. En 2023 afirmó que el ex presidente y ex líder del PSOE «ingresaba beneficios de las acciones de empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros».

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes actualmente en prisión preventiva, ha declarado que Zapatero lo presionó «insistentemente» para facilitar el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada a empresarios venezolanos. Ábalos ha asegurado que Zapatero ejerció «presiones insoportables» a través de intermediarios.

Koldo García ha sido aún más contundente: «Zapatero se ha hecho millonario a costa de Venezuela», confirmó para señalar a continuación negocios relacionados con el petróleo, el oro y los recursos naturales.

La querella menciona una operación específica de diciembre de 2019 en la que la UCO interceptó conversaciones entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez sobre 104 barras de oro por valor de 68 millones de dólares. El documento señala que Zapatero «se vio con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron» las barras a Caracas.

HazteOir ha solicitado que se envíe una comisión rogatoria internacional a las autoridades estadounidenses para obtener las pruebas del caso contra Maduro. También ha pedido certificación patrimonial completa de Zapatero, investigación de la UDEF sobre sus cuentas bancarias e informe del SEPBLAC sobre operaciones sospechosas.

HazteOir ha asegurado que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales que llevarán a cabo contra Zapatero «por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano». La asociación sostiene que «lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí» y que «si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, España debe investigar hasta el final».

La Audiencia Nacional deberá ahora determinar si estas acusaciones tienen sustento probatorio suficiente para situar en el banquillo al que fuera presidente del Gobierno durante siete años. Un escenario que, de materializarse, convertiría la diplomacia presuntamente lucrativa de Zapatero en uno de los casos más truculentos de la democracia española.