Iberdrola da la puntilla al poder sancionador de la CNMC, que ha reducido a mínimos las multas en 2023

La victoria judicial de Iberdrola sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el caso del supuesto fraude para alterar el precio de la electricidad en 2013, cuando presidía la CNMC José María Marín Quemada, ha dado la puntilla a la credibilidad de este organismo clave en su faceta sancionadora de los delitos contra la competencia en el mercado. De hecho, desde que llegó a la presidencia el PSOE, la CNMC ha reducido drásticamente sus multas a las empresas españolas y en 2023 sólo destaca una de 194 millones a Amazon -siguiendo la estela de otros países europeos-.

La llegada de Marín Quemada a la CNMC en septiembre de 2013 disparó las sanciones a las empresas españolas por supuestas prácticas anticompetitivas, principalmente a energéticas como Iberdrola, Endesa o Repsol, operadoras telefónicas y cadenas de televisión. El récord de sanciones se marcó en 2015, cuando la CNMC impuso multas por valor de 517 millones de euros. Hasta 2019 incluido no bajó ningún año de los 100 millones de euros en sanciones.

Cuando el PSOE tomó el poder en la CNMC a mediados de 2020 y situó a Cani Fernández al frente del organismo, las multas empezaron a bajar y los expedientes también. En 2020 ya fueron 15 millones de euros en total y en 2023, al margen de la millonaria multa a Amazon, no superan los 20 millones.

Y de esa cantidad, Telefónica y Naturgy se llevan el grueso por cuestiones puntuales. La operadora ha recibido dos multas de 6 y 5 millones de euros respectivamente por supuestamente incumplir los compromisos impuestos por Competencia para aprobar la compra de Digital Plus en 2015, que ha recurrido. Y para Naturgy, una sanción de seis millones por supuestamente manipular el precio del mercado eléctrico, que también ha recurrido.

Las cifras de multas impuestas desde que llegó el PSOE al poder son irrisorias comparadas con la etapa de Marín Quemada. Sin embargo, tanto antes como ahora las empresas van ganando los recursos en la Audiencia Nacional y las multas se reducen o quedan en casi nada. Telefónica ha conseguido hace unas semanas paralizar una sanción de seis millones.

La lista de multas impuestas por Competencia que han sido revocadas posteriormente por la Audiencia Nacional tras el correspondiente recurso de las empresas es larga, lo que castiga la imagen del organismo como poder sancionador.

Buena parte de las veces que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo han dado la razón a las empresas se ha producido por la incapacidad de la CNMC de aportar la prueba de cargo o por problemas burocráticos en el proceso investigador.

En la reciente sentencia exculpatoria de Iberdrola de este miércoles, la Audiencia Nacional es dura con la CNMC y señala que dado que el tope al que se podía ofrecer la energía en ese momento estaba fijado en 180 euros el megawatio/hora y dado que en el el periodo temporal que media entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 no se alcanzó ese precio en ningún momento, «resulta francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la realización de algo que no estaba prohibido y por tanto se encontraba legalmente permitido».

Además, el juez José Manuel Fernández Prieto critica severamente a los peritos de la CNMC, «en los que se fundamentan de forma casi exclusiva las pretensiones de condena». El magistrado acusa a estos peritos de haber realizado su juicio de valor «en base a un procedimiento poco claro, que expresamente manifiestan no haberse utilizado antes de estos hechos, ni posteriormente a los mismos».

Es más, los peritos de la CNMC concluyen que otras compañías energéticas también ofertaron en esas fechas la energía hidroeléctrica por encima de los 80 euros megavatio hora y que, sin embargo, a esas otras empresas no se considera que hubieran cometido el delito cuando el único dato objetivo es el mismo, ofertar por encima de los 80 euros el megavatio hora.

Insiste la sentencia de la Audiencia Nacional en que el análisis de la CNMC sobre el incremento del precio de la electricidad entre noviembre y diciembre de 2013 es solo «un estudio de probabilidad futurista» donde «nunca se explica por los peritos los criterios de razonabilidad que alegan, ni por qué se toman en consideración unos periodos temporales de comparación y no otros».