Mazón llevará a los tribunales el Fondo de Cooperación de Puig porque vulnera la Constitución

La Diputación de Alicante que preside el popular Carlos Mazón interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el acuerdo del pasado 17 de junio Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, que de facto obliga a la institución provincial a aportar 13,4 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. Los servicios jurídicos de la Diputación aconsejan, además, que como consecuencia por la afectación presupuestaria que supondría a falta de menos de 3 meses para cerrar el año, se adopte, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del acuerdo.

El propio Carlos Mazón ha recordado que desde el primer momento «rechazamos el carácter obligatorio de este fondo y el camino de la imposición por el que ha optado Ximo Puig a pesar de que desde la Diputación siempre hemos estado abiertos al diálogo».

También, ha explicado que, precisamente, «esa falta de consenso nos obliga ahora a tener que recurrir a los tribunales para defender la autonomía provincial que trata de socavar el Fondo de Cooperación». El presidente de la Diputación de Alicante ha defendido el modelo impulsado desde esa institución «en el que se prioriza más el reparto de las ayudas a los municipios más pequeños».

La Diputación, en base al informe emitido por sus servicios jurídicos, entiende que ese acuerdo de la Generalitat vulnera la Constitución española y el Estatuto de Autonomía por lo que la Comisión de Hacienda propondrá al Pleno la interposición del citado recurso cuyo objetivo es la anulación del mismo «dado su carácter lesivo a los intereses generales de la provincia de Alicante y, en consecuencia, de esta Diputación».

Los fundamentos

El informe del Área de lo Contencioso y Responsabilidad Patrimonial de la institución provincial revela que el acuerdo y la Ley del Fondo de Cooperación «vulneran el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía y el artículo 142 de la Constitución española, que consagra el principio constitucional de suficiencia de las haciendas locales, no sólo de los municipios sino también de las provincias».

Además, pone de relieve que la norma del Gobierno valenciano «vulnera» otro artículo del Estatuto de Autonomía. En este caso, el 63.3, que prevé la coordinación de funciones propias de las diputaciones que sean de interés general de la Comunidad, «por cuanto su único objetivo es incorporar obligatoriamente a las diputaciones a la financiación del fondo autonómico», una obligación que entiende también que atenta contra el artículo 59.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Todo ello, redunda -según la Diputación- en una «palmaria infracción de la garantía institucional de la autonomía provincial».

El informe recuerda también que el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite 2 recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley de Fondos de Cooperación y que 3 de los consejeros del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (CJCCV) también presentaron sus dudas en el dictamen con sus votos particulares.

Finalmente, los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante alertan, además, de que la norma «compromete el presupuesto provincial en una cuantía lo suficientemente importante para imposibilitar actuaciones enmarcadas en la competencia propia de la Diputación Provincial de Alicante» y «condiciona» la elaboración del Presupuesto de la institución.