El PP lleva al Constitucional la injerencia de Puig en las competencias de la Diputación de Alicante

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal. La ley que el PP pone en cuestión obliga a la Diputación de Alicante, que preside el popular Carlos Mazón, a participar en el citado fondo de la Generalitat Valenciana a partes iguales. El PP entiende que esa ley atenta contra la autonomía financiera de las diputaciones. Por tanto, que supone una injerencia en esa autonomía.

El pasado octubre, la izquierda valenciana (PSOE, Compromís y Podemos) aprobó con sus votos en las Cortes Valencianas una ley que de facto contemplaba que la Generalitat Valenciana de Ximo Puig podía usar dinero de las diputaciones para su fondo de cooperación municipal. Tanto el PP como Vox y Ciudadanos se posicionaron diametralmente en contra de esta medida y el propio Mazón puso en cuestión el encaje constitucional de la nueva ley autonómica. Ahora, a instancias del propio Mazón, en su calidad de presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), el PP ha ido un paso más allá y ha presentado este recurso porque, según ha explicado Mazón, la Generalitat Valenciana no les ha dejado otro remedio al insistir en la vía de la imposición en lo que el PP considera una vulneración de la autonomía local y provincial.

Se da la circunstancia, y así lo ha defendido Mazón, de que la Diputación tiene su propio fondo. Y de que el fondo de la Diputación Provincial para los municipios dobla en cuantía al de la Generalitat Valenciana de Puig y Oltra. Sin embargo, lo que más ha enfadado al PP es que la medida ha sido impuesta sin diálogo y sin consenso y, por tanto, considera que sin respeto a la autonomía de las diputaciones: «Su falta de diálogo y la imposición nos ha llevado al Constitucional», ha explicado hoy Mazón.

El recurso de inconstitucionalidad del PP se fundamenta en cuatro ejes. Uno, que la Generalitat exige a las diputaciones participar en ese fondo de cooperación con los mismos criterios que el fondo estatal. Otro, que en ninguna de las comunidades autónomas que forman parte del Estado español se ha obligado a las diputaciones a entrar en ese fondo de cooperación. El tercero, que la ley autonómica establece un criterio poblacional para el reparto de fondos, lo que terminaría por favorecer a las ciudades más grandes frente a los pequeños municipios y que esta circunstancia es totalmente opuesta a la propia finalidad de las diputaciones, que es la de ayudar a los municipios más pequeños. Y, por último, que las comunidades autónomas y, en este caso, la valenciana, no pueden inmiscuirse en las competencias de las diputaciones, cuya autonomía consagra el artículo 137 de la Constitución española.