Puig obliga a la Diputación de Alicante a destinar 9,5 de cada 100 euros a competencias que no son suyas

La Diputación de Alicante se ve obligada a invertir casi 9,5 de cada 100 euros de su presupuesto en competencias impropias, que son aquellas que tiene cedidas desde hace años de la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig.

En torno al 10% de los 272 millones del presupuesto de la Diputación de Alicante para 2022 irá destinado a pagar competencias impropias. Aquellas que se dirigen a cubrir servicios que debieran atender otras administraciones, en este caso la la Generalitat Valenciana, pero que la institución provincial se ve obligada a asumir porque le fueron cedidas hace años. A esa cantidad, hay que sumar otra reivindicación, la Diputación se ve obligada también a asumir en torno a 10 millones de euros de infraestructuras y servicios culturales a los que Puig no aporta. En total, todo ello suma en torno a los 36 millones de euros o, lo que es lo mismo, 13,2 de cada 100 euros del presupuesto que Mazón y sus diputados manejarán el próximo año para la Provincia de Alicante irán destinados a pagar bien competencias que no le son propias bien infraestructuras y servicios culturales a los que la Generalitat Valenciana no aporta.

En materia de Cultura, la Diputación paga el Auditorio Provincial, el ADDA sinfónica, el Museo Arqueológico Provincial (Marq) o el Mubag, todas ellas iniciativas de éxito. Se trata de infraestructuras cuyo mantenimiento y servicios no son baratos. A todo ello, hay que sumar el denominado fondo de cooperación municipal. Un depósito creado por Puig que obliga a las tres diputaciones a pagar una determinada cantidad anual, que en el caso de la Diputación de Alicante supera los 13,7 millones de euros. Una vez reunido el dinero es la Generalitat la que decide a qué municipios destinarlo. La Diputación entiende que ya paga más sólo en competencias impropias de lo que se le exige en ese fondo: aproximadamente el doble. Y no está de acuerdo en que se le imponga un pago, por lo que abrirá la vía judicial para intentar evitarlo. La situación está ahora mismo encallada porque a pesar de las múltiples propuestas de diálogo lanzadas por Mazón no ha habido respuesta ni es de esperar que se produzca en un plazo próximo.