La Diputación de Alicante invierte 13 millones al año en salud mental ante el ‘escaqueo’ de Puig

Un total de 13 millones al año es la cantidad que la Diputación de Alicante, que preside Carlos Mazón, está a obligada a invertir cada año en políticas y recursos destinados a la salud mental ante el continuo ‘escaqueo’ de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig para recuperar las competencias en ese servicio. La institución provincial lleva más de dos años queriendo devolver las competencias a Puig porque no le son propias. Lo ha reclamado en la comisión mixta entre ambas administraciones. pero no le responden. Le dan largas. Y, por lo que se ve, no hay solución. Se trata de 13 millones que Mazón y la Diputación de Alicante no pueden dedicar a otras necesidades de los pequeños municipios.

Esos 13 millones que la Diputación de Alicante ahorra anualmente a la Generalitat Valenciana se suman a los 13,7 que la institución provincial está obligada a entregar anualmente, también, a la Generalitat como peaje del Fondo Cooperación Municipal. Una ocurrencia que obliga a las 3 diputaciones a entregar dinero a la Generalitat para que ésta decida en qué municipios lo invierte, independientemente de que sean pequeños o grandes. En total, más de 26,7 millones de euros del presupuesto anual. 

Pero la polémica que la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana mantienen en torno a esas competencias impropias ha vivido hoy un nuevo capítulo. La institución provincial ha puesto en marcha un edificio de atención psicosocial en el Centro Doctor Esquerdo, en el municipio de San Juan de Alicante. Allí, se prestan cuidados y servicios a personas que padecen enfermedades mentales. El edificio cuenta con 2 unidades de hospitalización de media estancia mixtas con 28 plazas asignadas en cada una de ellas. Y de un hospital de adultos con otras 30 plazas. Fue diseñado por el arquitecto Juan Miguel Otxotorena y ha costado en torno a los 10 millones de euros.

La transferencia del centro a la Generalitat Valenciana se ha solicitado en el marco de la comisión mixta, pero hasta hoy no ha existido respuesta por parte del Gobierno valenciano, según ha revelado Mazón. El traspaso del servicio a la Generalitat no es sólo una cuestión económica, sino de funcionalidad y servicio, porque, de producirse, se incluiría ese servicio en la red pública autonómica y, ello, supondría una mejora de la coordinación y la operatividad, «como ya se hace» en Valencia y Castellón. «No es una competencia de la Diputación -ha dicho también Mazón- pero en ningún momento hemos dejado de hacer las inversiones necesarias».

El centro fue cedido a la Consejería de Sanidad, que dirige la también socialista Ana Barceló, durante la pandemia para atender a pacientes agudos de covid procedentes de los hospitales de San Juan, Elche y La Vila Joiosa. Así, estuvo desde marzo hasta junio de 2020. Pasada la crisis, el interés autonómico decreció de nuevo y la Diputación de Alicante se vio en la obligación de continuar invirtiendo y ayudando a los pacientes que sufren problemas de salud mental. Las competencias no son propias de la Diputación, sino de la Generalitat pero el contencioso sigue abierto. De momento, sine die.