Interior prevé instalar nueva tecnología de la sancionada Huawei en un complejo policial de Madrid

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaksa prevé instalar nueva tecnología de la compañía china Huawei, objeto de restricciones en Estados Unidos, en un complejo de la Dirección General de la Policía en Madrid. Así consta en un expediente de contratación, al que ha accedido OKDIARIO, que contempla la ejecución de unas obras para la «mejora de la eficiencia energética» de estas instalaciones, ubicadas en la Avenida Pío XII, número 50, de la capital.

En el presupuesto del material que será necesario para esta remodelación, elaborado por la empresa Inespro, figura la compra de dos unidades por importe de 1.858,52 euros del dispositivo Huawei SmartLogger 3000A con «Dongle-WAN». Se trata de un aparato que sirve para monitorizar y gestionar sistemas fotovoltaicos de gran potencia.

Y es que el Gobierno prevé instalar paneles solares en este complejo, que se asienta sobre una parcela de 16.611 metros cuadrados, con una superficie total construida de 23.768. Construido en 1966, la anterior reforma de cierta importancia tuvo lugar en el año 2007. Es propiedad de Patrimonio del Estado y se configura en dos zonas, una destinada a Comisaría de Distrito de Chamberí y otra a la División de Personal de la Dirección General de la Policía, funcionando de forma independiente.

De esta manera, esta próxima instalación de nueva tecnología Huawei en dependencias de la Dirección General de la Policía se suma a otro expediente que reveló OKDIARIO este jueves y que prevé el uso de material de la compañía china en otra infraestructura dependiente del Ministerio del Interior, en este caso, el puesto fronterizo de Beni Enzar, en la valla de Melilla. También aquí el Gobierno quiere instalar placas solares y utilizar como inversores los de la marca Huawei.

Dos proyectos, por tanto, que vuelven a vincular al Gobierno de España a la compañía china sancionada por Estados Unidos, como ocurre con el polémico contrato de más de 12 millones de euros con Huawei para gestionar las escuchas telefónicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del sistema de almacenamiento masivo OceanStor 6800 V5.

Si bien Estados Unidos ha adoptado restricciones para Huawei fundamentalmente en telefonía móvil por suponer un riesgo para la seguridad nacional, todavía no han afectado a su división solar, que la compañía china está explotando.

No obstante, el pasado mayo, y esto no escapa a la Administración Trump, trascendió que las «autoridades energéticas estadounidenses están revaluando el riesgo que representan los dispositivos fabricados en China, cruciales para la infraestructura de energías renovables, tras el hallazgo de equipos de comunicación inexplicables en el interior de algunos de ellos», según publicó Reuters respecto a estos inversores.

La agencia de noticias británica destacó, además, que «si bien los inversores están diseñados para permitir el acceso remoto para actualizaciones y mantenimiento, las empresas de servicios públicos que los utilizan suelen instalar cortafuegos para evitar la comunicación directa con China». Sin embargo, según esta publicación de Reuters a partir de fuentes del sector, «expertos estadounidenses que desmontan equipos conectados a la red eléctrica para detectar problemas de seguridad han encontrado dispositivos de comunicación no autorizados que no figuran en la documentación del producto en algunos inversores solares chinos».

Entretanto, tal y como publicó OKDIARIO, los congresistas de Estados Unidos Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano por Florida, han reclamado que se investigue el contrato de 12,3 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei para gestionar las escuchas telefónicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un contrato sobre el que ya hay una investigación abierta por parte de la directora de inteligencia de EEUU, Tulsi Gabbard.

Estos congresistas, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y presidentes de subcomisiones clave, han enviado una carta al secretario del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, denunciando que este acuerdo representa una grave amenaza para el comercio digital, la seguridad de los datos y la seguridad nacional de EEUU.

En dicha misiva, los firmantes expresan su «preocupación» por las «recientes decisiones del Gobierno español» de adjudicar este contrato a la china Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles relacionados con los servicios de escuchas telefónicas del país, basándose en la tecnología existente de Huawei utilizada por los servicios de inteligencia españoles.

Comunismo chino

«Resulta profundamente preocupante que un aliado de un tratado utilice equipos y servicios de telecomunicaciones de una entidad alineada con el Partido Comunista Chino (PCCh)», señalan, destacando que «Huawei y otras empresas chinas mantienen vínculos documentados con el PCCh, lo que supone graves riesgos para la seguridad nacional y económica», por lo que en 2019, la Administración Trump prohibió a Huawei y ZTE participar en la red de telecomunicaciones de EEUU.

Por su parte, la Comisión Europea también ha publicado una advertencia formal, indicando que «Huawei representa riesgos considerablemente mayores» que otros proveedores y ha instado a los Estados miembros a «restringir o excluir» a este gigante chino de las redes 5G.

En España, fuentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han expresado igualmente su inquietud por esta dependencia de tecnología china. «Se nos pide que protejamos operaciones sensibles utilizando sistemas en los que la mayoría de nuestros aliados no confían», han lamentado.