Mazón clama contra la imposición de Puig del Fondo de Cooperación «desde un despacho de Valencia»

Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante se ha manifestado hoy en contra de la imposición «desde un despacho de Valencia» de los fondos de cooperación municipal. Una normativa que obliga a la institución provincial a aportar más de 13 millones anuales a la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig para que, luego, sea el Gobierno valenciano el que decida sin concurso a qué ayuntamiento y qué obra destina esos fondos. La reacción de Carlos Mazón se produce después de que, tal como adelantó el pasado día 11 del presente mes de marzo OK DIARIO, el Tribunal Constitucional admitiera a trámite los recursos planteados contra esa ley tanto por el Partido Popular como por Vox.

El Tribunal Constitucional ha puesto contra las cuerdas el denominado fondo de cooperación municipal impulsado por el tripartito valenciano que componen los socialistas junto a los nacionalistas de Compromís y Podemos, pero esencialmente por su presidente Ximo Puig. Se trata de una iniciativa que obliga a las diputaciones a aportar con carácter anual una cantidad que, en el caso de la Diputación, está en torno a los 13 millones de euros. Una vez aportados, son Puig y su gobierno quienes deciden a qué ayuntamiento, grande o pequeño, lo destinan.

El PP y Vox llevaron la ley de fondos de cooperación ante el Constitucional. La Diputación de Alicante entiende que sus fondos son para ayudar a los pequeños municipios y no para aportarlos sin saber cuál será destino ni sin saber si se dirigirán a un pequeño municipio. Hoy, el presidente de la institución provincial se ha referido a este tema y ha valorado la admisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso planteado en su día por la Diputación de Alicante, que ve visos de inconstitucionalidad porque considera que en realidad se trata de un procedimiento mediante el que la Generalitat se incauta de fondos destinados a las entidades locales y diputaciones. Para la Diputación de Alicante, el fondo de cooperación atenta contra su autonomía y penaliza a los municipios con menor población que son, precisamente, la prioridad de la institución provincial. 

Mazón ha tendido la mano a Puig para abrir un diálogo pero ha apostillado que si el presidente de la Generalitat y el Gobierno valenciano «siguen con estas cosas, no vamos a avanzar». Para Mazón, el Gobierno valenciano «ha preferido no ir al dialogo, el acuerdo y la colaboración», sino que «ha decidido desde un despacho en la ciudad de Valencia imponer su modelo a todo el territorio».

El enfado de Mazón con este tema lo agrava lo que se denominan competencias impropias. O, lo que es lo mismo, aquellas que paga y cuyos servicios ofrece la Diputación de Alicante pero que son responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Un total de 13 millones de euros del presupuesto anual de la Diputación de Alicante se destinan un año sí y otro también a estas competencias a pesar de que desde hace años la institución, con Mazón a la cabeza, está haciendo lo posible por devolverlas a la Generalitat. En cifras absolutas, en torno a 27 millones de euros, un 10% del presupuesto aprobado en su día por la Diputación de Alicante va a parar a los fondos de cooperación de Puig y a las competencias impropias que la Diputación cubre en materias que competen a la Generalitat de Puig.