El PP remite a la Fiscalía la investigación sobre el concurso público del transporte sanitario terrestre en Extremadura

Fernández Vara vacuna
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. (Foto: EFE)

El Grupo Parlamentario Popular ha remitido a la Fiscalía Superior de Extremadura las conclusiones de la ‘Comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud’, para que dirima si las actuaciones que se desarrollaron son constitutivas de delito o no.

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, y los portavoces adjuntos, Luis Alfonso Hernández Carrón y Francisco José Ramírez, han presentado un escrito de denuncia de todo el proceso de adjudicación de este concurso y la prestación del servicio de ambulancias en la región porque consideran que puede haber indicios de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y alteración en el precio del concurso que pueden concurrir en responsabilidad penal.

Teniente ha recordado que la comisión parlamentaria celebró trece sesiones con 59 comparecencias que solicitó el propio PSOE para, en teoría, acreditar el «boicot» de algunas empresas al servicio de ambulancias, pero esa comisión «acreditó no solo que no hubo boicot sino que detecta, documenta y testifica una serie de irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito y, como grupo, tenemos la responsabilidad de poner los hechos en conocimiento de las instancias judiciales», ha dicho.

«Operación chanchullo»

En declaraciones a los medios, ha señalado que la «operación salvamento» de la empresa extremeña se ha convertido en la «operación chanchullo» con la empresa andaluza porque, según asegura, son «múltiples» las irregularidades que se acreditan con documentos, testimonios, declaraciones y hechos en un escrito de conclusiones de la investigación que está ratificado por PP, Podemos y Ciudadanos.

«Lógicamente el PSOE niega todo, como ha hecho con todas las irregularidades que se han cometido en Extremadura y que han sido denunciadas durante todos estos años y que acabaron en Fiscalía, después en los juzgados y después con cargos socialistas en prisión», ha dicho Teniente, que añade que «el PSOE siempre se ha opuesto a cualquier gesto de transparencia».

En esta línea, ha argumentado que el escrito de conclusiones es «contundente» y ha enfatizado que los hechos afectan al «mayor» concurso público de esta legislatura que asciende a 122,8 millones de euros, los cuales «han ido a una adjudicación a una empresa de fuera de la región y en la que se han vulnerado los principios más elementales en la contratación pública, como es la igualdad y la libre concurrencia».

Según ha explicado Teniente minutos antes de registrar la denuncia en la Fiscalía, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres, en este concurso se han «alterado» los precios y se ha dado formación «distinta» a los licitadores sobre el contenido de la oferta, lo que hace que se «distorsione» el concurso. «Todo esto queda acreditado en la comisión de investigación», insiste.

También se ha referido al asunto de la inspección de las ambulancias, que ha calificado de «auténtica vergüenza» porque se han hecho inspecciones fuera de la región utilizando recursos públicos para trasladar a inspectores fuera de la comunidad autónoma, «cuando las inspecciones se tenían que hacer aquí», ha subrayado.

De hecho, en la comisión parlamentaria ha comparecido un «representante de los inspectores» que es un cargo directivo del Servicio Extremeño de Salud (SES) que había sido inspector y al cual la Ley de Incompatibilidades «le prohíbe» realizar este trabajo, y «no solo realiza las inspecciones, sino que comparece en la comisión como el representante de todos los inspectores», ha manifestado Teniente.

Más de cien despidos

La portavoz ‘popular’ ha hecho hincapié en que, al margen de las circunstancias del concurso público, esta adjudicación a Ambulancias Tenorio «ha supuesto la ruina de siete empresas extremeñas del transporte sanitario», y ha recordado que, aunque en un principio se dijo que no habría despidos, se han quedado sin trabajo más de cien empleados y se han «vulnerado» las condiciones laborales.

Ha criticado también la actitud de «algunos» sindicatos, como UGT y CCOO, que han permanecido «callados» y «sin defender a los trabajadores» que se han quedado en la calle.

En definitiva, «un cúmulo de despropósitos que se une a los cientos de incidencias que se producen cada día con el transporte sanitario en la región y que afectan a miles de pacientes que sufren en sus carnes un servicio que es un caos y que ha recortado las prestaciones», ha incidido la portavoz, que asegura que las denuncias de los usuarios llegan «en oleadas» y están acabando en los juzgados porque «también pueden ser objeto de responsabilidades penales» con «falta de atención» o «retrasos injustificados» que «ponen en peligro la vida o el bienestar de los extremeños».

Por todo ello, el PP ha decidido llevar el asunto a la Fiscalía ya que entiende que hay que decir «basta ya» a la «irregularidad», a la «arbitrariedad» y a los «chanchullos» que «adornan» la gestión de la Junta de Extremadura y del Gobierno de Fernández Vara.

Teniente ha recordado que han habido otros casos como el de Feval, el Festival de Mérida, el de la Orquesta de Extremadura, los cursos de formación, etc, en los que el PSOE ha dicho que «eran operaciones de distracción» pero acabaron con los cargos socialistas con penas de prisión o «desfilando» por los juzgados.

«Nadie ha pedido perdón por esto, no solo por hacerlo sino por acusar al Partido Popular de poner luz a esta serie de irregularidades que se repiten y que esta sociedad calla y silencia como si la corrupción en Extremadura no existiera», ha asegurado la portavoz, quien concluye que esta denuncia se interpone por «responsabilidad» y serán los tribunales los que decidan qué va a pasar con el servicio de transporte sanitario terrestre.

 

 

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