Romeva ordenó a Diplocat difundir ‘fake news’ por todo el mundo: «España vuelve a su pasado dictatorial»

La Generalitat de Carles Puigdemont utilizó el Diplocat y su red de «embajadas» en el exterior para comprar apoyos internacionales al proceso de independencia y difundir mensajes (a menudo basados en simples patrañas) que difamaban a España.

El Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat remitió durante años a sus delegados en el exterior argumentarios que debían utilizar para crear, en sus respectivos países, un clima de opinión favorable al proceso de independencia y al referéndum ilegal del 1-O. Así lo ha puesto en evidencia el informe de fiscalización de acción exterior la Generalitat elaborado por el Tribunal de Cuentas y referido al período 2011-2017.

El Departamento que dirigía Raül Romeva dirigió en julio de 2017 al delegado de la Generalitat en Austria, Adam Casals, un argumentario de 50 páginas con las ideas fuerza que debía repetir ante los líderes de opinión de aquel país.

Este documento, utilizado por la «diplomacia» exterior de la Generalitat, incluye numerosas falsedades como la siguiente afirmación: «Las crecientes amenazas por parte del Gobierno español a la cultura y la lengua catalana están poniendo en riesgo el actual modelo de integración catalán que ha sido ampliamente elogiado a nivel internacional».

«Ninguna empresa se irá de Cataluña»

En otro apartado, el argumentario garantiza la viabilidad económica de una Cataluña independiente con las siguientes palabras: «Dar por hecho que las exportaciones catalanas se reducirán drásticamente con la independencia sólo forma parte del discurso del miedo para buscar alarmismo. Hasta el momento ninguna compañía extranjera ha anunciado su intención de marcharse de Cataluña».

Lo cierto es que, desde el referéndum ilegal del 1-O, más de 5.500 grandes empresas han trasladado su sede fuera de Cataluña. Entre ellas, los bancos Sabadell y Caixabank, el Grupo Planeta, Gas Natural, la inmobiliaria Colonial, Abertis, Codorniú, Seguros Axa y Catalana Occidente, Bimbo, Pastas Gallo, Idilia Foods (fabricante de Nocilla y Cola Cao), Mahou San Miguel y la empresa de paquetería MRW.

Con el fin de presentar a España como un país autoritario sin libertades, el argumentario remitido por Raül Romeva a sus delegados en el exterior añade que «el Gobierno mantiene la escalada en su asalto legal hacia Cataluña impulsando juicios políticos que no estarían permitidos en ningún país civilizado».

El documento incluye una petición expresa: «Urge que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE fuercen a España a entender que hay que iniciar un diálogo y proceso político con Cataluña. El Gobierno y el pueblo de Cataluña confían que la comunidad internacional respetará la decisión de los catalanes», añade en alusión al referéndum ilegal del 1-O que debía celebrarse dos meses después.

Al respecto, otro argumentario interno remitido por el Govern de Carles Puigdemont a sus «embajadores» en el exterior miente al afirmar que «el referéndum es legal en virtud de una Ley de Referéndum de Autodeterminación que será aprobada por el Parlamento catalán, que regula el voto a través de una comisión electoral y observadores internacionales».

Dicha Ley, aprobada por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017, era abiertamente inconstitucional, tal como determinó el TC. En cuanto a los «observadores internacionales», el Diplocat gastó más de 300.000 euros públicos para que respaldaran el resultado de la consulta ilegal.

En sus contactos con políticos y periodistas, las delegaciones de la Generalitat en el exterior manejaron otro argumentario que afirma lo siguiente: «España parece estar volviendo a su pasado dictatorial. Esto amenaza los cimientos de un Gobierno democráticos».

Y añade lo siguiente sobre la consulta ilegal del 1-O: «El referéndum es una buena solución para España, por repensar los fundamentos del régimen de 1978 para liberarse de su pasado autoritario. Y para Europa para resolver un problema secular (será una nueva fuente de inestabilidad si no se resuelve)».

Pero esta práctica ya era habitual durante la presidencia de Artur Mas, con el antecesor de Raül Romeva, Roger Albinyana, al frente del Departamento de Exteriores. La Generalitat remitió en 2015 un documento interno en el que advertía a sus delegados en el exterior: «Hay que evitar totalmente hacer referencia a una declaración unilateral de independencia y sobre todo es conveniente no mencionar ninguna de estas tres palabras ni tampoco las siglas DUI». Todavía no había llegado el momento.

El mismo informe señala en otro apartado: «La expulsión de un Estado catalán de la UE es impensable porque no se contempla en sus tratados. La viabilidad económica de un Estado catalán está garantizada por los informes propios del Gobierno de Cataluña y por muchísimos estudios independendientes hechos por expertos fuera de España».

Tal como deja en evidencia el informe del Tribunal de Cuentas, el Diplocat y la Generalitat gastaron decenas de miles de euros para comprar estos «informes independientes» que respaldaran sus tesis, y para comprar el respaldo de periodistas de medios de comunicación internacionales.

El argumentario también mentía en cuanto a la continuidad de una Cataluña independiente: la Comisión Europea ha dejado claro, por activa y por pasiva, que ese hipotético nuevo Estado quedaría automáticamente fuera de la UE y tendría que iniciar un largo y laborioso proceso para lograr su integración.

Con la aplicación del artículo 155, el Gobierno de Rajoy cerró la totalidad de las «embajadas» de la Generalitat en el exterior, tras comprobar que su objetivo prioritario era recabar apoyos al proceso de independencia. Ahora, Quim Torra las ha reabierto y ha puesto en marcha de nuevo el Diplocat, con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.