El Tribunal de Cuentas revela pagos de 300.000 € a observadores internacionales para el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha concluido que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat, utilizó más de 300.000 euros a pagar a los observadores electorales que acudieron a esa comunidad para controlar y supervisar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así consta en el informe que el órgano ha realizado sobre la fiscalización relativa al destino de los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exteriores en Cataluña entre 2011 y 2017.

Una auditoría que detalla gastos no justificados, subvenciones ‘a dedo’ y contratos fraccionados para eludir controles. Su conclusión es que buena parte de esos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

En concreto, el órgano fiscalizador revela que el Diplocat pagó un total de 305.789 euros a distintas contrataciones relacionadas con esa consulta ilegal, entre las que destacan los 13 contratos menores de servicios celebrados con unas personas que formaban un Equipo Internacional de Investigación de Expertos Electorales que habían participado anteriormente en misiones de observación tradicionales y elecciones en diferentes partes del mundo.

Este equipo, según apunta el fiscalizador, fue acreditado por la Comisión Electoral y firmó un compromiso para adherirse plenamente a los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, según la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones. En el informe, remitido a las Cortes y recogido por Europa Press, se detalla que el coste de sus honorarios y de las actuaciones vinculadas a su tarea ascendió a 206.371,49 euros, dando lugar a la emisión de un informe relacionado con el citado referéndum.

Sin embargo, uno de esos observadores, el exdiputado socialdemócrata alemán Felix von Grünberg, declaró ante el tribunal que juzga en el Supremo la causa del procés que acudió a Cataluña a título personal y que no cobró nada por ese trabajo. El Tribunal de Cuentas explica también la organización de una actividad denominada ‘Workshop de expertos Europa’, que consistió en el pago del traslado a Barcelona y los gastos de estancia de 12 personas que realizaron labores de apoyo al mencionado equipo el 1-O por un importe de 34.763,43 euros.

Asimismo, se hace eco de la visita a Cataluña de una treintena de diputados y eurodiputados nacionales e internacionales entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre de 2017, coincidiendo con el referéndum ilegal, para conocer de primera mano la actualidad política, por un importe de 64.654,09 euros.

La semana pasada Helena Catt, la observadora internacional citada en el juicio del procés que estuvo presente en Cataluña los meses de septiembre y octubre de 2017 mientras era pagada por el Diplocat –Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña–, señalaba ante los magistrados de la Sala que no recuerda nada de lo que ocurrió en la ciudad de Barcelona el 20-S, la jornada de asedio de manifestantes separatistas en el Consejería de Economía. Catt pasó varias semanas en la Ciudad Condal liderando un equipo de expertos con el encargo de hacer un informe que recogiera “con perspectiva histórica” la realidad político-social en Cataluña durante esos días.