El Gobierno amplió en 4 millones el contrato para renovar el tramo de Urda con la empresa que contrató a Koldo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este jueves a la sede del Grupo Azvi, en Sevilla, para requerir y recoger documentación en el marco de una nueva piza separada del caso Koldo. La compañía, dedicada a la construcción de infraestructuras y obra pública con presencia en el ámbito ferroviario, ha sido adjudicataria de varios contratos por parte del Ministerio de Transportes. Varios de ellos, relacionados con la línea Madrid-Sevilla y los tramos donde se produjeron los letales siniestros de Adamuz y Urda.

En este último caso, una UTE integrada entre otras empresas por Azvi recibió el encargo de renovar los desvíos de la línea, en sendos contratos de 21 y 26,8 millones.

El primero, según anunció Transportes, consistió en la sustitución de 63 desvíos, situados en distintos puntos kilométricos a su paso por las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Entre las localizaciones figuraba, en concreto, Urda (Toledo). El presupuesto de adjudicación fue de 21.024.645,53 euros. En febrero de 2024, el Gobierno lo amplió a 4.108.799,03 euros.

El nuevo operativo de la UCO, practicado por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, tiene lugar después de que el magistrado abriese una pieza separada secreta tras recibir un nuevo informe de los investigadores.

El empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al PSOE, que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, fueron detenidos en estas actuaciones, que se enmarcan en un despiece de la rama de la investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

Contrató a Koldo

La empresa constructora contrató en 2023 a Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos —y condenado a 19 años de cárcel por corrupción—. Así lo reconoció su presidente, Manuel Contreras, en su declaración ante el Tribunal Supremo. El contrato se produjo tras la salida de García del Ministerio de Transportes. Habría recibido 6.000 euros mensuales y la relación apenas duró tres meses.

En un comunicado, Azvi ha matizado que la empresa no fue registrada por agentes de la UCO, sino que se llevó a cabo un «requerimiento de documentación».

También señalan que «la documentación nada tiene que ver con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ni en el tramo de Urda ni en el tramo de Adamuz, sino con un proyecto completamente diferente».

«Todas las informaciones que están apareciendo en los distintos medios de comunicación vinculando a Grupo Azvi con contratos amañados, tramas, mordidas y/o algún tipo de relación de Grupo Azvi o la documentación requerida ayer con ambos desgraciados accidentes son puras elucubraciones», concluyen, destacando también que «tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados en ninguna de las causas abiertas contra los señores Ábalos, Koldo y Aldama, o cualquier otra causa».