Las ayudas del Gobierno por los fallecidos de Urda son las mismas que en 2014, pero con una inflación del 34%

El Gobierno ha aprobado ayudas de 72.121,46 euros por cada víctima mortal de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Es la misma cantidad que fijó en 2014 el baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) para los siniestros ferroviarios de competencia estatal, y desde entonces nadie la ha revisado. En ese periodo, el IPC ha subido en torno a un 34%, de modo que sólo para conservar su valor, esa indemnización debería rondar hoy los 95.500 euros.

Así lo ha advertido Manuel Castellanos, presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidente y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC).

El Real Decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ojos de los expertos deja mucho que desear. Se ha publicado en el BOE este 4 de noviembre y ha entrado en vigor ese mismo día. Ha llegado seis días después de la tragedia.

Ayudas a las víctimas de Urda

El siniestro se produjo el 28 de octubre de 2026 en el punto kilométrico 118 de la línea 14-010, cerca de Urda. El AVE 2080 de Renfe Viajeros, con 397 pasajeros, y el tren 6076 de Iryo, con 147, colisionaron por alcance. El preámbulo de la norma recoge un balance de 69 fallecidos y más de cien heridos.

Además de los 72.121,46 euros por fallecido, el decreto establece importes cerrados para los lesionados según las 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV). Van desde los 84.141,70 euros de la categoría primera hasta los 2.404,04 euros de la decimocuarta.

Estas cantidades se abonarán, según el texto, «con independencia de la determinación posterior de responsabilidades». Las víctimas pueden solicitar también un anticipo adicional del mismo importe, a cuenta de la futura indemnización por responsabilidad civil. En ese caso, el Estado se subroga en sus derechos para reclamar a los responsables.

Para financiarlo, el Ejecutivo ha dotado dos créditos extraordinarios de 15.309.165 euros cada uno: uno para las ayudas y otro para los anticipos.

Las ayudas están exentas del IRPF y son compatibles con el SOV, con los seguros de los operadores y con los contratados por la propia víctima. Sobre la exención fiscal, el citado letrado ha sido tajante: «Sólo faltaba».

La norma también incorpora medidas de Seguridad Social. Las bajas derivadas del accidente iniciadas antes del 30 de noviembre de 2026 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo, sin exigir un periodo mínimo de cotización.

Seguro Obligatorio Viajeros

El problema de fondo, según el análisis mencionado, es la congelación del baremo sobre el que se construyen las ayudas. El Reglamento del SOV se aprobó por un real decreto de 1989 y fijaba la indemnización por muerte en 6.000.000 de pesetas.

Desde entonces, el baremo general no se ha revalorizado ni una sola vez. La única modificación ha sido la conversión a euros de 2001, que dejó la cifra en 36.060,73 euros por fallecimiento. Ese importe sigue vigente hoy para el transporte por carretera.

En 2014, otro real decreto se limitó a duplicar esas cuantías para el ámbito ferroviario estatal. De ahí proceden los 72.121,46 euros que ahora reproduce el decreto de Urda.

Según la calculadora del INE, el IPC acumulado entre enero de 1990 y enero de 2026 supera el 170%. Por tanto, los 36.060 euros del baremo general equivaldrían hoy a unos 97.700 euros.

La disposición final tercera del reglamento de 1989 habilita a los ministros de Economía y Hacienda para revisar las cuantías. Sin embargo, en más de treinta y cinco años nadie ha hecho uso de esa facultad. Ni Carlos Cuerpo ni Arcadi España han hecho nada al respecto esta semana.

Paradoja con el precio del billete

El jurista Castellanos ha subrayado además una paradoja: la prima del seguro se repercute al viajero en el precio del billete. «Quien paga el seguro, que es el viajero en cada billete, lo paga a precios de hoy; quien lo cobra, que es la víctima, lo cobra a precios de hace décadas», ha escrito.

Por eso, a su juicio, la medida más eficaz no es aprobar un nuevo decreto en cada tragedia. Lo que propone es revisar el baremo y establecer un mecanismo de actualización periódica, como el que ya existe para el baremo de tráfico.

El precedente de Adamuz

El decreto de Urda reproduce el esqueleto del Real Decreto-ley del 27 de enero, que reguló las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Mantiene los mismos beneficiarios, las mismas cuantías y los mismos plazos de tres y seis meses.

La experiencia de entonces no invita al optimismo. Según el autor, en no pocos casos las ayudas de Adamuz han llegado más tarde que la liquidación ordinaria del SOV que pagan las aseguradoras de los operadores.

Nuevo requisito

La nueva norma introduce un requisito que, a su juicio, agrava el problema. Para acreditar las lesiones exige «el informe de la aseguradora encargada de la gestión del Seguro Obligatorio de Viajeros en el que se reconozca la categoría de las lesiones corporales». En Adamuz bastaban los informes médicos.

A ello se suma que el plazo de resolución de los anticipos puede quedar suspendido mientras se espera información del juzgado penal. Esta regla se aplica también a las solicitudes de Adamuz y Gelida que no estaban resueltas el 4 de noviembre.

Castellanos ha reconocido algunos avances, como la regla de reparto entre familiares o la protección de Seguridad Social desde el primer día. Pero insiste en que las ayudas deberían cubrir gastos urgentes como el sepelio o la pérdida repentina de ingresos, y abonarse en semanas. En su opinión, no tiene sentido que la ayuda pública se adentre en el mismo «marasmo burocrático» que exige el seguro.

Su advertencia es clara: «Si la entrega se dilata, la palabra ayuda pierde su sentido». En Urda, el reloj de las familias ya corre. El del baremo, en cambio, lleva parado desde 2014.