El Tribunal de Cuentas remite a Anticorrupción irregularidades en 6 licitaciones de Adif

El Tribunal de Cuentas ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción irregularidades detectadas en seis expedientes de contratación de Adif y Adif-Alta Velocidad –las entidades públicas de gestión de vías de tren–, cuatro de ellos vinculados a los fondos europeos. El organismo fiscalizador ha constatado alteraciones en las valoraciones técnicas que modificaron la selección de adjudicatarios en cuatro casos, tras analizar denuncias presentadas en los canales éticos internos de Ineco y Adif entre julio y septiembre de 2022.

Como adelanta OKDIARIO, el informe recién aprobado concluye que las valoraciones técnicas de las empresas licitadoras «adolecen de falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuaciones», lo que contraviene varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las investigaciones se han centrado en expedientes adjudicados entre 2019 y 2022. En uno de los casos, adjudicado en 2022 por más de 20 millones de euros, se han detectado instrucciones por escrito para modificar puntuaciones «sin hacer referencia a criterio técnico alguno», según recoge el informe.

Los técnicos de Ineco realizaron una primera valoración que posteriormente fue alterada tras recibir órdenes de responsables de Adif. El Tribunal señala que estas modificaciones «no responderían a un criterio técnico contradictorio, sino que presentarían indicios de arbitrariedad».

En un expediente analizado, todas las puntuaciones fueron modificadas excepto la de la empresa que quedó en primer lugar en la valoración inicial. Las demás se incrementaron en 2, 2,25 y 1,28 puntos respectivamente, estrechando las diferencias y alterando la clasificación global final.

El organismo fiscalizador ha constatado que la intervención de técnicos de Ineco en las valoraciones carecía de cobertura contractual. «El encargo que afectaba a los citados expedientes regulaba la asistencia técnica y la dirección facultativa de la ejecución de las obras, pero no la participación de los técnicos en los procedimientos de licitación», precisa el documento.

El Tribunal ha identificado que una empresa obtuvo siete contratos entre junio de 2018 y julio de 2021, por un valor total de 77.662.708 euros. Este importe contrasta significativamente con los 43.830.232 euros correspondientes a otros cuatro contratos adjudicados antes o después de ese período.

Dos de esos contratos, por valor de 71,5 millones de euros, se encontraban incluidos en el plan de recuperación europeo. El expediente que ganó la UTE UTE Torrescámara-San José-OPR fue adjudicado en mayo de 2021 por 65,5 millones de euros y el expediente de la UTE Monforte 379, alcanzaba 6 millones. Ambos presentan las mismas carencias detectadas en los casos denunciados.

Adif encargó un informe pericial externo a Ineco sobre uno de los expedientes denunciados. Sin embargo, el Tribunal considera que este documento «prescinde totalmente de motivar la asignación de las nuevas puntuaciones» y carece de rigor al haberse elaborado conociendo ya los resultados de la valoración económica.

Deficiencias en los pliegos

Tras analizar 15 expedientes adicionales seleccionados aleatoriamente, el organismo fiscalizador concluye que el modelo de pliegos utilizado «supone una infracción» de la normativa de contratación pública por «falta de transparencia en la asignación de puntuaciones y no garantizar la igualdad de trato entre todos los licitadores».

Los documentos atribuyen hasta el 57% de la puntuación total a un único criterio, «Memoria y programa de trabajo», sin desagregar la ponderación de sus subcriterios. Esta práctica, según el Tribunal, dificulta «el establecimiento de límites a la discrecionalidad» del órgano de contratación y favorece «que en algunos casos se pueda incurrir en arbitrariedad».

El informe señala que esta estructura «hace imposible descartar que se hayan producido los hechos que han sido objeto de las dos denuncias analizadas». La falta de concreción en los pliegos impide a los licitadores conocer antes de presentar sus ofertas qué aspectos resultarían más valorados.

Contratos Plan Recuperación

De los 210 expedientes analizados vinculados al PRTR, que representan el 67% de los contratos declarados, en el 74% de los casos los pliegos no estaban adaptados a las exigencias del Plan de Recuperación. Las entidades han ejecutado actuaciones por valor de 5.974 millones de euros dentro del programa europeo.

El Tribunal también ha detectado un «control interno muy deficiente» sobre los 328 trabajadores procedentes de Ineco y Tragsatec, destinados a tareas de gestión del Plan de Recuperación. Las entidades fiscalizadas han tardado meses en identificar a este personal, «elemento necesario para una gestión adecuada de los conflictos de interés».

Investigaciones internas cuestionadas

El organismo critica duramente las actuaciones llevadas a cabo por Adif tras las denuncias, señalando que «carecen del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados». A pesar de que el Área de Cumplimiento Normativo recomendó en enero de 2023 formalizar el proceso de valoración técnica y documentar las instrucciones de modificación, las prácticas irregulares se han mantenido.

Las entidades fiscalizadas han presentado un extenso escrito de alegaciones de 132 páginas rechazando las conclusiones. «No existen infracciones de aspectos formales de la valoración», sostienen, argumentando que su forma de proceder ha sido validada por organismos externos, incluido el propio Tribunal de Cuentas en un informe de 2016. Ahora el organismo profundiza en los documentos de Adif y saca otras conclusiones.

Adif denuncia que el organismo fiscalizador provoca «una absoluta e inasumible falta de seguridad jurídica» al cambiar ahora su criterio. «Los pliegos no amparan, permiten, ni albergan la posibilidad de realizar conductas contrarias al ordenamiento jurídico», enfatizan las entidades, amparándose en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Fiscalía Anticorrupción dispone ahora de todos los análisis, datos y documentos obtenidos durante la fiscalización para determinar si las prácticas detectadas constituyen delito. Mientras tanto, Adif continúa gestionando fondos europeos millonarios con procedimientos que, según el órgano fiscalizador, abren la puerta a actuaciones sospechosas que socavan la transparencia exigida en la gestión de recursos comunitarios. La paradoja resulta elocuente: las mismas entidades que deben garantizar la imparcialidad en sus procesos han sido incapaces de demostrar que la han respetado.