El Tribunal de Cuentas aprueba fiscalizar el reparto de los fondos UE porque duda de su transparencia

El Tribunal de Cuentas ha aprobado en su último pleno fiscalizar el reparto de los fondos europeos en una decena de proyectos que han recibido estas partidas millonarias procedentes de la UE. Los consejeros han incluido en su Programa Anual de Fiscalizaciones para 2024 la auditoria de la ejecución de estos fondos, que han sido distribuidos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fuentes internas aseguran que esta fiscalización de los fondos UE se hace debido a la falta de transparencia en su reparto.

España ha sido uno de los principales beneficiaros de los fondos europeos a los que Bruselas dio luz verde para mitigar los efectos devastadores de la pandemia por coronavirus. El objetivo es impulsar las economías de los estados miembros. Sin embargo, la ejecución de estos fondos sigue siendo a día de hoy uno de los grandes problemas de la administración económica del Gobierno de España.

El Tribunal de Cuentas ha identificado las deficiencias en el reparto de los fondos UE y ha decidido vigilar su ejecución. Este órgano de control externo estudiará, a lo largo de este año, cómo se han repartido los fondos de Bruselas destinados a las actuaciones de protección y promoción social previstas en los Presupuestos Generales del Estado. Además, por iniciativa propia, los consejeros fiscalizarán la contratación llevada a cabo en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en el marco de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La auditoría de los fondos europeos por parte del Tribunal de Cuentas también se centra en las empresas y entes estatales. Serán analizadas las cuentas de organismos públicos como ADIF, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Red.es o Puertos del Estado —beneficiarias de fondos UE—. Asimismo, estará sometida a fiscalización contable la Fundación Biodiversidad, que recibió fondos europeos en los años 2021 y 2022.

A estas compañías también se suman las administraciones locales que han recibido fondos europeos para programas de transformación digital o fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. Es importante reseñar que muchos ayuntamientos han tenido problemas a la hora de cumplir los plazos, debido al caos en el reparto de fondos UE.

El Tribunal de Cuentas también fiscalizará el programa para la digitalización del sistema educativo financiado con los fondos Next Generation. Esta partida fue acordada por el Consejo Europeo y está dotada con 750.000 millones de euros para el conjunto de los estados miembros de la Unión.

Preocupación por los fondos UE

La preocupación en torno al reparto de los fondos UE también ha llegado a Bruselas, motivo por el cual una delegación europea visitó España el año pasado para vigilar la correcta distribución del dinero. La delegación estuvo encabezada por la eurodiputada Mónica Holhmeier, que alertó del caos a la hora de ejecutar las partidas: «Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final, no sabemos ni qué región lo ha recibido ni cómo ni el destino».

Pese a las llamadas de atención de las autoridades europeas, el Gobierno de España continuó en la misma senda y publicó in extremis la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos Next Generation. Cada país está obligado a publicar este listado dos veces al año –aproximadamente en los meses de abril y octubre–, y España lo hizo en diciembre. Fue uno de los últimos países en facilitar esta información. El Ejecutivo de Sánchez informó que sólo se habían repartido un 14% de los fondos recibidos y que el 60% de los beneficiarios son entes públicos.

El reparto de los fondos UE es una de las asignaturas pendientes que tendrá que afrontar el recién nombrado ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Su predecesora en el cargo, Nadia Calviño, aseguró en 2022 que se había alcanzado una «velocidad de crucero» en el despliegue de fondos europeos, pero los datos evidencian que aún no se han ejecutado en su totalidad. Ahora, el Tribunal de Cuentas se encargará de vigilar el correcto reparto y ejecución de estos fondos, ya que duda de su transparencia, según las fuentes consultadas.