Prostitución de menores tuteladas en Mallorca

El PSOE y sus socios aumentaron en 67 millones el presupuesto del Instituto que tutela a las menores explotadas

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) está estos días en el centro de la polémica por los casos de explotación de menores tuteladas

PSOE
Pedro Sánchez, con Francina Armengol.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), estos días en el centro de la polémica por los casos de explotación de menores tuteladas, cuenta con un presupuesto de 211,5 millones de euros para 2020. Un incremento del seis por ciento con respecto al año anterior. El Instituto, responsable de los centros de tutela, ha visto incrementadas sustancialmente sus cuentas desde la llegada, primero del Més (2015) y más tarde de los socialistas (julio de 2019), a la presidencia del Consell.

En 2015, el presupuesto era de 144 millones. Un año después pasó a 155,4; luego, a 176,9 y, en 2018, a 196. En noviembre, el Consell, presidido por la socialista Catalina Cladera, aprobó de nuevo un notable incremento.

«Si observamos la evolución del presupuesto del IMAS des de la última legislatura del pacto, se ha pasado de 144,09 a más de 211,5 millones de euros, cerca de 67,5 millones de euros más», presumió el conseller insular de Derechos Sociales, Javier de Juan, también presidente del IMAS.

De Juan consideró que, con esa partida, «se reafirma el compromiso del Consell de Mallorca con unas políticas sociales fuertes que dén respuesta a las necesidades de la ciudadanía». Justo un mes después, una menor de uno de los centros gestionados por la administración era víctima de una violación en grupo.

16 casos confirmados

El IMAS se encuentra ahora en el centro de la polémica. La violación de diciembre ha destapado, como reveló Diario de Mallorca, todo un escándalo de explotación sexual de menores tutelados con, hasta el momento, 16 casos confirmados. 

Sin embargo, desde el Gobierno balear se descartan dimisiones. El responsable del Instituto excusó que las menores no son delicuentes, y por tanto, no se les puede privar de su libertad, en referencia a que puedan salir de los centros de tutela y que nadie puede controlar qué hacen en ese tiempo.

La realidad es que el caso ha destapado las deficiencias del sistema de tutela. Y también ha revisado la hemeroteca: el PSOE rechazó investigar hasta dos veces lo que sucede en los centros.

En una ocasión, negándose a una iniciativa de la ex diputada de Podemos -luego en el Grupo Mixto- Consuelo Huertas, que los socialistas llegaron a calificar de «derrape populista sin pies ni cabeza». Apenas quince días antes de la violación de la menor, rechazando otra propuesta de Vox para auditar el sistema de acogida del Instituto. «No creo en que una auditoría externa que venga al IMAS, y no sepa nada de lo que se hace, nos tenga que decir lo que tenemos que hacer», aseveró el socialista De Juan.

Secreto a voces

Según Diario de Mallorca, la prostitución en Palma de las menores acogidas, a cambio de dinero o drogas, era un secreto a voces.

Los centros del IMAS tutelan a niñas víctimas de abusos sexuales, agresiones o maltrato por parte de su familia y las acogen en pisos propiedad de la administración. El Instituto tiene actualmente bajo su tutela a 359 menores, y las autoridades han reconocido hasta 16 casos de explotación. Pero podrían ser más, a tenor de los testimonios de los propios trabajadores.

Desde la oposición de PP, Ciudadanos y El Pi se ha solicitado una comisión de investigación. Desde el Gobierno balear, mientras, consideran que el asunto «no se arregla» con dimisiones y se limitan a afirmar que «las cosas se tienen que hacer mejor» para proteger de la explotación y abusos sexuales a las menores a cargo de la administración. Desde el Ejecutivo balear se trata de neutralizar el asunto, asegurando que el problema afecta a toda la sociedad y no únicamente a niños tutelados.

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