Policías y guardias civiles exigen en Bruselas la profesión de riesgo que les deniega Sánchez

Policías y guardias civiles exigen en Bruselas una Directiva europea que les reconozca la profesión de riesgo que les deniega el Gobierno de Pedro Sánchez. Una reivindicación histórica del colectivo policial que ha atendido el Partido Popular Europeo y este miércoles ha presentado a sindicatos y asociaciones policiales españolas una iniciativa europea para que se les reconozca de una vez la consideración de profesión de riesgo.

Se trata de una Directiva Europea orientada a reforzar la protección laboral y a reconocer oficialmente como profesiones de riesgo a diferentes colectivos clave para la seguridad en la Unión Europea. Entre los ellos, los policías, los militares, los funcionarios de prisiones y los agentes operativos de aduanas y fronteras.

A la reunión, celebrada en la sede del Parlamento Europeo, han asistido las principales asociaciones y sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos la Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial, integrada por 12 agrupaciones: SPP, SUP, UFP, AEGC, AIGC, APC-GC, APROGC, ASES-GC, AUGC, IGC, UNIONGC y UO.

Un colectivo que el pasado mes de julio presentó una demanda ante la Audiencia Nacional para que se les reconozca la profesión de riesgo, como informó en exclusiva OKDIARIO.

También han asistido los sindicatos Jupol y CEP, y la asociación de guardias civiles Jucil. Por parte del PP han participado Cuca Gamarra, Esteban González-Pons, Dolors Montserrat, Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido y Javier Zarzalejos.

Dicha propuesta legislativa tiene como objetivo establecer un marco común europeo que garantice derechos laborales, protección social y reconocimiento normativo a estos profesionales esenciales para la seguridad pública y la defensa de la Unión Europea.

Riesgos excepcionales

El colectivo sostiene que las profesiones de seguridad se enfrentan a «riesgos crecientes y excepcionales, derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las nuevas amenazas híbridas». Y destacan que los miembros de estas profesiones se enfrentan, cada vez con mayor frecuencia, a agresiones que ponen en peligro su integridad física y su vida, lo que hace «imprescindible un reconocimiento jurídico específico a nivel europeo».

Por otra parte, señalanm que actualmente existen importantes desigualdades entre los Estados miembro en cuanto al reconocimiento de estas profesiones como de riesgo y en la protección laboral asociada. Unas diferencias que afectan a aspectos clave como la catalogación legal de la profesión como de riesgo, el acceso a la jubilación anticipada, las condiciones de asistencia médica, psicológica y social y la reducción de la jornada laboral.

La Directiva propone una armonización mínima de derechos laborales, garantizando un suelo común de protección en toda la UE.

Entre las principales medidas contempladas en la propuesta destacan la compensaciones económicas por el desempeño de funciones en condiciones de riesgo, reducción de la edad de jubilación sin merma en los derechos de pensión, la reducción de la jornada laboral y medidas efectivas de conciliación de la vida familiar y profesional.

Asimismo, esta iniciativa impulsada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado subraya la necesidad de garantizar el acceso inmediato a atención médica durante y después del servicio, programas específicos de prevención de riesgos para la salud física y mental, y la asistencia psicológica especializada, extensiva también a las familias de los profesionales afectados.

Protección pública y jurídica

Esta propuesta de Directiva también busca reforzar la obligación de las autoridades públicas de garantizar condiciones de trabajo «seguras, dignas y adecuadas», proporcionar asistencia legal gratuita en casos de agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones, y asegurar la protección jurídica en los procedimientos judiciales derivados de su actividad profesional.

Además, recoge la necesidad de la formación como herramienta clave de prevención, estableciendo formación continua y especializada, adaptada a los riesgos reales del puesto; supervisión de la calidad formativa; e implantación de planes específicos de prevención de riesgos laborales.

La propuesta contempla mecanismos de control y evaluación mediante: recopilación trimestral de datos sobre agresiones y accidentes laborales., informes bianuales a la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiv, y garantía de transparencia y acceso público a la información.

Cláusula de no regresión

La Directiva incluye una cláusula de no regresión, que impide la reducción de derechos laborales ya existentes y permite a los Estados miembros adoptar medidas más favorables, asegurando la coherencia con el acervo comunitario y la protección de derechos adicionales.

La Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial valora «muy positivamente» esta iniciativa, que en caso de llegar a buen término, culminarse su tramitación, y convertirse en una Directiva Europea supondría «un avance histórico en los derechos sociolaborales de los colectivos que garantizan la seguridad y la convivencia democrática en Europa».