Ofensiva del PP en Bruselas para renovar el CGPJ ante el órdago de Lesmes y la parálisis de Moncloa

El PP ha informado por carta a la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didie Reynders, de la propuesta de acuerdo remitida esta mañana por Génova al Gobierno -también mediante misiva- para desbloquear la renovación del CGPJ bajo requisitos de independencia.

«A ambos dirigentes comunitarios les hemos manifestado nuestra vocación de avanzar en la despolitización del sistema judicial, de acuerdo a los parámetros fijados por parte de la Comisión. Y quedamos a la espera de respuesta del Gobierno de la Unión Europea», han indicado los populares. 

Este movimiento se produce después que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, emplazara el miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a renovar de urgencia el órgano de gobierno de los jueces, que lleva con el mandato caducado desde hace más de tres meses y medio. Lesmes amenazó con dimitir «en semanas» si finalmente no hay acuerdo.

Este mismo viernes, y pese a la voluntad de entendimiento que ha mostrado el PP con su carta a Moncloa, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha despreciado el gesto de los populares afirmando que su misiva, que recoge los requisitos mínimos del documento de julio presentado por Génova, está «llena de líneas rojas y condiciones».

Fiscal General

Tanto la carta enviada a Bolaños como las dos misivas remitidas a las autoridades comunitarias van firmadas por el vicesecretario de Acción Institucional de Génova y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons. En el caso de los escritos dirigidos a Jourová y Reynders (ver contenido en sendos enlaces), el eurodiputado del PP hace mención al Informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, que instó el pasado julio a España a «fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los términos de la oficina del Fiscal General de la del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación».

Precisamente, uno de los requisitos mínimos que incluye el PP en su propuesta de negociación con Moncloa hace alusión a la figura del Fiscal General del Estado y plantea que no podrán ejercer como tal «quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores». Otros requisitos que pide negociar el PP son, por ejemplo, una antigüedad de 25 años de servicio activo para ser magistrado del Tribunal Supremo o poner fin a las «puertas giratorias», de forma que los jueces que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.

Además, el PP incide en que está dispuesto a renovar el CGPJ ahora conforme a la ley actual dejando para después la reforma legal que permita que los jueces elijan a los jueces.