Medio centenar de jueces decanos se suman a las críticas de la reforma judicial del Gobierno

Medio centenar de jueces decanos se han sumado al manifiesto firmado por magistrados y fiscales que denuncia el establecimiento de un concurso forzoso y de un proceso de consolidación como nueva forma de acceso a la carrera judicial recogido en la reforma de la ley del Poder Judicial que prepara el Gobierno. Los magistrados han denunciado que este procedimiento afecta «de manera grave» a las condiciones profesionales de todos los integrantes de la carrera judicial y «comprometen la estabilidad» y calidad del servicio público.

En un comunicado, los jueces decanos han confirmado que se han sumado al documento emitido por las promociones 72, 73 y 74 de la carrera judicial en el que denuncian la reforma del Ejecutivo y muestran su oposición a la reimplantación del traslado forzoso tras tres años en las categorías de magistrado o fiscal.

«Esta medida, que consideramos anacrónica, injusta y desproporcionada, supone un retroceso y un evidente perjuicio a la previsibilidad, arraigo en los juzgados y a los derechos a la conciliación personal y familiar», han recalcado los jueces.

También han rechazado la convocatoria extraordinaria de estabilización, un mecanismo que facilita el ingreso sin superar el proceso selectivo en condiciones de igualdad, y que a su juicio «compromete la legitimidad de la judicatura y socava la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad y preparación técnica de quienes ejercen estas funciones» y han advertido de que supone un «desprecio absoluto» a los profesionales que dedican tantos años de esfuerzo y sacrificio personal con el objetivo de superar este proceso de selección.

Los magistrados y fiscales han denunciado en este manifiesto que «la situación es profundamente injusta y erosiona la seguridad y la previsibilidad que debe caracterizar el desarrollo profesional en el ámbito judicial». Además, han asegurado que no es aceptable que jueces que superan todos los requisitos exigidos para ser miembro de pleno derecho del poder Judicial se vean perjudicados por un proceso de estabilización «que beneficia a quienes accedieron en condiciones que no acreditan de modo alguno la igualdad, el mérito ni la capacidad que rigen nuestros procesos selectivos».

Acceso sin oposición

Los cambios propuestos en el acceso y la preparación para las Carreras Judicial y Fiscal incluyen la equiparación de las Becas SERÉ al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la transformación del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en un centro público de oposiciones con delegaciones territoriales. Se introduce una nueva prueba escrita basada en casos prácticos, así como nuevas pruebas para el cuarto turno que permitirán que jueces provenientes del sector privado accedan a la magistratura sin opositar. Todos los exámenes serán anonimizados y se incrementarán las oposiciones para el cuarto turno, favoreciendo la inclusión de magistrados afines al Gobierno.

Además, se modifica el ascenso automático por antigüedad y se mejora la especialización en ámbitos como el mercantil y la violencia de género, eliminando incompatibilidades entre jueces y fiscales sustitutos. La composición del Comité de Ética del CGPJ se amplía a nueve miembros, con mayor representación afín al Gobierno. Las elecciones en las Salas de Gobierno se modificarán para prohibir el voto delegado y permitir el voto telemático, acortando los mandatos a tres años. Por último, se regula la financiación de asociaciones judiciales, restringiéndolas a fondos públicos, lo cual afectará su independencia económica.