El Gobierno controlará las oposiciones a juez y fiscal desde un centro público y elegirá a los profesores

El Gobierno controlará las oposiciones a juez y fiscal desde un centro público y elegirá a los profesores que actuarán como preparadores de los nuevos miembros de la carrera judicial. Juristas consultados por OKDIARIO señalan que la reforma del Gobierno se trata de «un golpe de muerte a la independencia judicial «debido a que el centro público de preparación estará controlado con «una selección ideológica del preparador». Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere facilitar el acceso masivo de jueces sustitutos, pese a que hay miles de opositores que llevan años preparándose dicho acceso. «Paraliza a los jóvenes», señalan miembros de la judicatura. 

Segundo asalto del Gobierno a la justicia este año 2025. El Gobierno ha impulsado una reforma para «democratizar» entrar a la carrera judicial y garantizar la «pluralidad» dentro del gremio. Para ello, el Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, regulará la figura del juez preparador, eliminará parte de las pruebas memorísticas a las que se enfrentan los opositores y blindará por ley un sistema de becas para los aspirantes con menos recursos. Asimismo, el Ejecutivo convocará un concurso extraordinario para consolidar las plazas de los jueces y fiscales sustitutos con el objetivo de atajar la temporalidad como reclama Europa. 

Todas estas novedades las ha anunciado el ministerio sin tener en cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Se pueden hacer modificaciones parciales del temario o dar ideas, pero el Ministerio, sin ningún tipo de contacto con el Consejo y sin ningún tipo de acuerdo, ponerse a decir que va a modificar el sistema y las pruebas de acceso, es una barbaridad», señalan fuentes jurídicas del CGPJ en una conversación telefónica con OKDIARIO. 

Acceso a la carrera

La reforma de Sánchez cambia el sistema de oposición por el cual se accede a la carrera judicial y fiscal, eliminando parte de la prueba oral que los aspirantes tienen que superar en el Tribunal Supremo. Se introduce un tercer ejercicio escrito que consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre derecho civil, penal o procesal. La intención, dice el texto del Ministerio, es valorar la capacidad de redacción y argumentación lógica de los futuros miembros de la judicatura y reducir el método memorístico que caracteriza estas pruebas de acceso. Fuentes jurídicas aseguran que la prueba escrita es «menos transparente».

El Ejecutivo pretende, además, que el Centro de Estudios Jurídicos, donde se forma a los fiscales una vez que han conseguido su plaza, haga también las veces de centro público de preparación de opositores. Hasta ahora, la mayoría de aspirantes logran esa formación recurriendo a jueces, fiscales o juristas que asumen esa tarea docente.

La nueva ley de Sánchez entra también a regular la figura del juez o fiscal preparador. A partir de su aprobación, los jueces y magistrados que quieran ejercer también de preparadores tendrán que pedir la compatibilidad para impartir charlas y conferencias. También deben inscribirse en un registro público de jueces y magistrados. 

1.000 jueces nuevos

El Gobierno va a convocar, además, un proceso de consolidación de empleo para los jueces y fiscales sustitutos mediante un concurso de oposición. La regularización permitirá la entrada en la carrera judicial y fiscal de una parte de los casi 1.000 empleados temporales que existen en la bolsa actual, algo que desde la carrera consideran muy complicado.

«Meter a 1.000 personas en la carrera judicial ya teniendo un cuerpo de opositores de 3000 y pico personas que se están preparando y que lo han estudiado… Hay que sacar un concurso oposición a medida de los que están en las bolsas, no se puede meter un concurso de oposición de cuatro pruebas y aquí te pillo y aquí te mato, eso es bajar la calidad la Justicia», señalan los juristas consultados. 

Los cambios afectarán también al conocido como «cuarto turno», la vía por la que acceden juristas de reconocida competencia con varios años de experiencia. Se crea esta figura en la carrera fiscal, que no existe en la actualidad. 

Asociaciones en contra

El Gobierno también limitará con su reforma la actuación de las asociaciones judiciales y prohibirá su financiación de forma privada. Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, señala que «este anteproyecto de ley lo que viene a constatar es la desconfianza que el Poder Ejecutivo tiene respecto de los jueces.». «La AJFV se opone a la implantación de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad, y entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos que obvie el nivel de exigencia actualmente existente en los métodos actuales de ingreso a la carrera judicial, lo que correlativamente supondría un perjuicio irreparable para los miles de opositores», señala la asociación judicial en un comunicado remitido a los medios.