Golpe del Gobierno al Poder Judicial: cambia la ley para garantizarse más jueces y fiscales afines

El Gobierno de Pedro Sánchez cambia la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ) para garantizarse más jueces y fiscales afines. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma «para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal», que cambia el sistema de acceso a la carrera judicial e introduce cambios en el sistema de elección de las salas de gobierno de los tribunales. La aspiración del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que la ley reciba el visto bueno definitivo de las Cortes el próximo mes de junio.

El asalto de Pedro Sánchez a la Justicia se consuma con una nueva norma que redefine el acceso a las Salas de Gobierno de los tribunales. La ley impulsada por el ministro Félix Bolaños regula que el acceso a las presidencias se haga mediante el voto telemático, una exigencia de las asociaciones judiciales izquierdistas para que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no copara la mayoría de las plazas. De este modo, el Gobierno corta las alas a la asociación de jueces mayoritaria en la carrera y más crítica con el Gobierno. Además, prohíbe a las asociaciones judiciales financiarse de manera privada, algo que afecta de lleno a sus ingresos. 

La norma, además, sólo permitirá votar a un candidato de los que se presenten a cada sala de gobierno. Antes, se votaba a seis aspirantes, de forma que accedían los seis más votados. Consideran que con esta maniobra se favorecerá a la pluralidad de perfiles en las salas entre las que tratan de colocar a afines. También se reduce el mandato de estos órganos de los cinco años actuales a tres, impulsando así que no exista estabilidad en las salas de Gobierno. 

Asalta la Comisión Ética

El Ejecutivo también asalta la Comisión de Ética judicial y tendrá, por primera vez en la historia, miembros nombrados por el Gobierno. La Comisión de Ética es un organismo independiente del CGPJ que actualmente está compuesto por siete miembros: seis son jueces elegidos directamente por los miembros de la carrera y uno es un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho. 

Ahora, con la nueva ley, se cambia tanto su composición como el modo de elección. Pasará a tener nueve miembros: cinco jueces elegidos por la carrera judicial y cuatro miembros no judiciales elegidos por el Congreso entre catedráticos afines al poder político. Este órgano, junto al de las salas de gobierno de los tribunales, eran los únicos que se elegían por votación directa de los miembros de la carrera.

Cuarto turno

El atropello al Poder Judicial es tal que el Gobierno también prevé incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno. Actualmente, este acceso está reservado para juristas de reconocido prestigio. El Gobierno quiere con este movimiento acabar con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos, sin embargo, amplía este cuarto turno también a fiscales. Un coladero para meter, de nuevo, a miembros afines.

El anteproyecto de ley orgánica también suprime la prueba oral y se introduce una prueba escrita consistente en un caso práctico para poder ser juez o fiscal. Es decir, los candidatos ya no sólo tendrán que demostrar su capacidad memorística, sino también su capacidad para relacionar los conceptos aprendidos y su capacidad de explicar por escrito la aplicación de la ley. Los exámenes serán anónimos y habrá becas de estudio, según ha informado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Control del Supremo

El Gobierno de Pedro Sánchez también maniobra para hacerse con el control de la Sala Segunda del Supremo, la que se encarga de juzgar a aforados por vía penal, como por ejemplo el imputado José Luis Ábalos o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata de la Sala clave para el enjuiciamiento de miembros del Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a un nuevo bloqueo. Los vocales izquierdistas apuestan por la magistrada Ana Ferrer, mientras que los miembros del CGPJ optan por Andrés Martínez-Arrieta.

Situación similar se da en la Sala Tercera del Supremo, que se encarga de resolver las impugnaciones de nombramientos de cargos del Gobierno, entre otros asuntos. Los vocales afines al PSOE se decantan por la magistrada Pilar Teso, mientras que los otros diez apuestan por la continuidad de Pablo Lucas. El órgano de Gobierno de los jueces se enfrenta a un nuevo bloqueo de vetos cruzados en los que el Ejecutivo trata de imponer reglas de paridad para que sean seleccionadas sus candidatas.

Reforma legal

El PSOE también comenzó el 2025 anunciando una reforma legal que acabaría con las investigaciones abiertas sobre la mujer y hermano de Pedro Sánchez, algo que causó amplio malestar entre la judicatura. El debate llegó hasta el CGPJ que decidirá en el próximo pleno una posible respuesta del órgano de gobierno de los jueces a la proposición de ley socialista, reclamando que en el proceso de tramitación se escuche la voz del Poder Judicial. La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, ha convocado un pleno el miércoles 5 de febrero, a las 9:30 horas, para tratar el asunto. 

El asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial no tiene precedentes. Si bien reformó el Código Penal para favorecer el enjuiciamiento de sus socios políticos del independentismo, ahora está tratando de promover una nueva ley que limite el papel de las acusaciones populares. También se propone que se recusen a los magistrados por sus opiniones políticas menoscabando su independencia.