PP y Vox pactan la gran revolución del campo balear con una nueva ley agraria que el Govern aprobará en junio

Partido Popular y Vox tienen prácticamente cerrado el acuerdo que permitirá la aprobación de la nueva ley agraria balear. Las negociaciones con la formación de Santiago Abascal las conduce directamente el conseller de Agricultura, Joan Simonet. Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes de ambas partes de la negociación, el texto está totalmente acordado a la espera de la revisión por parte de Vox de algunas especificaciones técnicas. Por lo demás, el acuerdo es total.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura adelantan a OKBALEARES que el deseo del conseller es que el Consell de Govern apruebe el texto de la nueva ley en el mes de junio para llevarlo al Parlament tras el verano en la reanudación de la actividad parlamentaria.

Este acuerdo entre PP y Vox llega libre de las ataduras de los acuerdos de Presupuestos y de gobernabilidad suscritos hasta ahora por ambas formaciones.

Con la sintonía entre ambas formaciones a la hora de aprobar la nueva normativa agraria, Marga Prohens no necesitará el apoyo de ningún grupo de la oposición para que el texto acabe apareciendo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) en otoño. De todos modos, al menos los separatistas de Més per Menorca y Més per Mallorca han manifestado abiertamente en varias ocasiones su rechazo frontal a algunas de las medidas de esta nueva ley agraria balear.

El texto incluye muchas de las reivindicaciones del sector y ha sido consensuado con las principales organizaciones agrarias con implantación en el archipiélago.

En Baleares son miles las personas dedicadas al sector agrario. Según el último censo, al menos 5.520 personas se dedican en el archipiélago a la agricultura, la ganadería y la caza. Las nuevas reglas del juego de la ley pueden hacer aumentar considerablemente esta cifra.

Venta directa

La ley agraria balear pretende corregir limitaciones y aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas para «asegurar su continuidad», como reza el texto del Anteproyecto de Ley.

De este modo, con el nuevo texto se permitirá la venta directa de todo tipo de productos de la finca, sin intermediarios. Directo al consumidor en la propia explotación. Si varias explotaciones se asocian, cada finca podrá vender los productos de todos sus asociados. Y aún más, la nueva ley permitirá que el payés organice degustaciones de sus productos en sus instalaciones, algo no permitido a día de hoy.

Venta de carne de caza

Además, con la nueva ley, los payeses podrán comercializar en su finca pequeñas cantidades de carne de caza, o piezas enteras, al consumidor final o a minoristas de carácter local. El futuro texto balear se adaptará así al Real Decreto 1086/2020 de ámbito estatal y sus posteriores modificaciones, que fijan la legalidad de esta actividad.

Así, se podrán comercializar en las fincas «pequeñas cantidades de cabrito, por ejemplo». De esta manera, piezas de caza dentro de la temporada como el zorzal, el conejo silvestre, la liebre, la perdiz o las palomas (en sus variantes) se podrán comprar en las explotaciones agrarias de las Islas.

Se amplían las agroestancias

La nueva Ley Agraria de Baleares que elabora la Conselleria de Agricultura ampliará de seis a 10 las plazas destinadas a agroestancias en las explotaciones agrícolas que lo soliciten. Sin embargo, OKBALEARES puede adelantar una novedad: los Consells insulares tendrán el poder de reducir el número de plazas sin rebajar las 6 que ya figuraban en la anterior ley de 2019.

Es el asunto que más ruido político ha provocado desde que a finales de 2025 se dio a conocer el anteproyecto de Ley de Agricultura que el Govern balear prevé dejar aprobado definitivamente antes del verano. Agricultura aumentará de seis a 10 las plazas que una finca podrá dedicar a las agroestancias, o lo que es lo mismo, al alojamiento con fines turísticos.

Esta cuestión ha provocado en los últimos meses acalorados debates entre el conseller del ramo, Joan Simonet, y los partidos de la izquierda parlamentaria. Simonet defiende el aumento a 10 para dar más opciones de rentabilidad al agricultor y los partidos de la izquierda reclaman dejarlo en 6 plazas, como está fijado desde la ley de 2019.