LA MAYOR OLEADA EN TRES AÑOS EN MURCIA

Marlaska expone a los policías al Covid: envía a los agentes sin protección a los campamentos de pateras

Casi 1000 inmigrantes irregulares han llegado este fin de semana a las costas españolas

Inmigración
Policías sin protección en el puerto de Escombreras, Murcia. (Fotos: CEP)

Las costas de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Cádiz, Canarias y Baleares han vivido este fin de semana la llegada de cientos de inmigrantes irregulares. No hay datos oficiales globales del Ministerio del Interior, pero las sumas parciales de cada lugar, desde el viernes, elevan la cifra casi al millar. Jucil denuncia que están “sin personal, ni recursos, y sin un protocolo de prevención y protección contra posibles rebrotes”. Hablan de un “suma y sigue sumando” y de un “efecto llamada viral”.

Como se muestra en las fotografías, los agentes han estado totalmente expuestos al riesgo de contagio, al carecer de equipos de protección. Su situación contrasta, por ejemplo, con la de los sanitarios encargados de atender a los inmigrantes recién llegados.

Desde el sindicato policial CEP llevan tiempo denunciando las condiciones en las que se encuentran los agentes y reclaman medidas de seguridad también para los irregulares que llegan a las costas, como la implantación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Cartagena, Murcia. Una petición que entienden necesaria ante la avalancha de llegadas y el evidente riesgo al que se exponen los agentes que tienen contacto con los inmigrantes.

En varias comunidades, el sindicato ha denunciado las escasísimas medidas de protección y seguridad para los agentes encargados de la inmigración, y la «exposición innecesaria» a que se someten, provocando en consecuencia un riesgo para el resto de población.

Sin patrullas

La situación ha sido tan desbordante, especialmente en Cartagena, que desde otro sindicato, Jupol, se asegura que en Murcia capital, durante las noches del fin de semana, sólo ha habido tres patrullas de la Policía Nacional para toda la ciudad y sólo una dedicada a la seguridad. Las otras dos, para el traslado de inmigrantes.

La llegada de inmigrantes ha sido constante durante todo el fin de semana. Los últimos, el domingo, a Andalucía: cuatro a Motril (Granada), siete a Almería y cinco a Algeciras (Cádiz). En total, 16 personas. Lo peor, entre viernes y sábado. A Murcia llegaron 454 inmigrantes, 230 a Almería, 79 a Alicante, 53 a Canarias y 37 a Baleares (31 a la isla de Cabrera y seis a Ibiza). En total, 869 personas en apenas 48 horas.

Son los datos de un fin de semana muy duro para los servicios de rescate, Cruz Roja, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que han denunciado la falta de medios en general y de protección, en particular, frente a la Covid-19.

Murcia, desbordada

La de Murcia ha sido la oleada de pateras más intensa que se recuerda en tres años: más de 450 inmigrantes irregulares, llegados a las costas de la región en 31 embarcaciones. Al menos, siete han dado positivo por Covid. Los inmigrantes han sido aislados, pero los agentes que han participado en la operación siguen en activo.

Este video difundido en Twitter por Jucil (Justicia para la Guardia Civil) muestra la situación vivida en el puerto de Escombreras, a las afueras de Cartagena. Durante casi dos minutos de grabación aparecen, una a una, las carpas donde están alojados los inmigrantes, agrupados por pateras. Esperan allí los resultados de las pruebas PCR que se les ha hecho.

Almería, también sin coches patrulla

Una situación similar se ha vivido en Almería. El viernes por la noche, según Jupol, la ciudad no tuvo ni una sola patrulla de la Policía Nacional dedicada a la seguridad ciudadana. La única que había disponible se usó para trasladar inmigrantes a hacerles pruebas PCR. Sólo el viernes habían llegado a las costas almerienses más de 180 inmigrantes irregulares.

Incidentes en Alicante

En Alicante, los 79 inmigrantes llegados entre el viernes y el sábado (6 de ellos, menores) protagonizaron momentos de tensión, incidentes e intentos de fuga del hospital de campaña situado junto al Hospital General a donde habían sido trasladados tras hacerles pruebas PCR en el mismo puerto. Todos dieron negativo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que pedir refuerzos a la Policía Local para garantizar la seguridad. Jupol denuncia la falta de EPIs y material de protección para los agentes.

Protocolo improvisado

La Secretaría de Estado de Migraciones remitió el mismo sábado, en plena oleada, el “Protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular”. El anterior, del 5 de junio, había decaído con el estado de alarma. Básicamente, el Ministerio descarga la responsabilidad en las comunidades autónomas.

El protocolo obliga a las comunidades a realizar pruebas PCR a todos los inmigrantes que lleguen a España de manera irregular y a buscarles después un alojamiento. Ello supone la cuarentena en hospitales o centros similares de quienes han compartido viaje con un positivo.

En el caso de Murcia y del puerto de Escombreras, Jupol cree que la situación es “caótica, sobrepasada y lamentable” y que el delegado del Gobierno, José Vélez, “no está a la altura” de unos hechos que vuelven a repetirse. Jupol señala que hay “cientos de inmigrantes abandonados en el puerto, con unas condiciones lamentables para los policías encargados de ese servicio, que carecen de los medios y espacios adecuados para poder desarrollar el servicio humanitario que prestan”.

La llegada de pateras desde Argelia cesó el domingo, pero las Fuerzas de Seguridad cree que volverán en cuanto el puerto de Escombreras se despeje de nuevo. Fuentes policiales señalan que las mafias mantienen «información actualizada al minuto» entre los puntos de llegada en la Península y los de salida en Argelia.

Jupol cree que esta situación «es insostenible con el añadido de los problemas gravísimos que se pueden generar en seguridad ciudadana y salud pública por la pandemia de la Covid-19».

Además, piden que se les haga pruebas PCR también a los agentes de Policía y Guardia Civil que han estado en contacto con los inmigrantes porque “con todos los servicios realizados hasta la fecha nadie de la administración se ha acordado de practicar dichas pruebas por seguridad pública”. Algunos agentes denuncian que han tenido que pagársela de su bolsillo para ellos y sus familiares.

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