El Gobierno socialista de Navarra regula beneficios penitenciarios para excarcelar a los etarras

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María Chivite.

El plan de excarcelación de presos etarras sigue su ritmo. Y no se aplicará sólo en el País Vasco y bajo mando del PNV. Navarra, gobernada por los socialistas con apoyo del separatismo, hará lo propio. Un nuevo convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Foral deja clara esta intención y el deseo de poner “en marcha talleres y programas de intervención” con el fin de acelerar la aplicación de beneficios a los presos.

Los programas se podrán aplicar a “condenados a privación de libertad en régimen abierto” y “a aquellos condenados a penas y medidas alternativas, que dependan del Centro de Inserción Social, Centro Penitenciario o del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas adscrito a estos, dentro del ámbito competencial propio de la comunidad autónoma”.

El convenio ha sido firmado por Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, por delegación de competencias del secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por parte del Gobierno navarro, por Eduardo Santos Itoiz, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra.

Y el objeto del convenio es “la efectiva puesta en marcha de talleres y programas de intervención”. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a diversas cuestiones y todas tendentes a la flexibilización del régimen de los presos. En primer lugar el Gobierno de Sánchez se compromete a “posibilitar el desarrollo de los programas de intervención, mediante la derivación de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por condenas a medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de libertad que así lo requieran”.

Además, podrá proponer el nombre de los penados que desarrollarán los distintos programas. Y colaborará en “la formación de los especialistas necesarios para la adecuada aplicación del programa de intervención a desarrollar”, así como a “facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos necesarios para el desarrollo del programa”.
Desde el Gobierno central, además, se coordinarán e integrarán “todas las actuaciones realizadas, a fin de dar fiel cumplimiento del programa a los destinatarios del mismo” e, incluso, se adoptarán “las medidas de seguridad oportunas cuando el programa se desarrolle en un Centro de Inserción Social”.

Por su parte, Navarra pondrá en marcha “los programas conforme a los modelos y manuales establecidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con los principios constitucionales, así como el pleno respeto a los derechos de las víctimas” y “aportará a los y las profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo del Programa objeto del presente convenio”.

El convenio subraya que “la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en su Artículo 58,1, a), contempla que corresponde a Navarra la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, lo que ha conllevado el ejercicio continuado en el tiempo de aspectos determinados de tales competencias, incluyendo la participación en la aportación de recursos y programas para el cumplimiento de penas y medidas no privativas de libertad”.

Igualmente, en virtud del decreto foral 266/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, el texto del convenio subraya que “corresponde al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia, la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, fomentando y desarrollando una ejecución penal que propicie la reparación a las víctimas, la reinserción y la limitación de los delitos, en el ámbito de las competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”.

Y todo eso se potencia ahora, justo cuando el pacto político de excarcelación de etarras avanza a velocidad de crucero.

El Gobierno, de hecho, ha confirmado el fin de la dispersión de presos de ETA en 2021. Sólo ese año recién terminado ha albergado 143 acercamientos, el 49% de los 288 autorizados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018.

Es más, desde el pasado mes de julio ni un sólo preso etarra está ya en cárceles al sur de Madrid. Y en los últimos doce meses 70 presos etarras han visto aprobado su traslado al País Vasco. Otros nueve en el mismo periodo de tiempo han recibido el permiso para ir a Navarra.

Según el Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con datos del Ministerio del Interior, a lo largo de 2021 se han aprobado ocho terceros grados para presos de ETA y seis más han logrado la libertad condicional.

Así, quedan 183 etarras en las cárceles españolas cumpliendo condena. De ellos, 81 en cárceles del País Vasco y 13 de Navarra: más de la mitad del total.

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