Otegi exige a Sánchez la excarcelación de 83 etarras a los que les quedan más de 10 años de condena

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no ha podido ser más claro y explícito: «Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos». El bildutarra aseguró que su formación necesita otra legislatura completa de cuatro años de Pedro Sánchez para culminar ese plan de excarcelaciones. Una hoja de ruta que supondría sacar de prisión de forma anticipada a los 83 terroristas que aún tienen más de una década de condena por cumplir, como el caso de Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco. Una misión imposible para Sánchez sin saltarse la ley penitenciaria. Por eso Otegi habla también de «obligar al Gobierno a un cambio legislativo que favorezca a los presos».

A Otegi le salen las cuentas con los presos de ETA, pero a quienes no les salen los números es a las Juntas de Tratamiento de las cárceles y a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Esos 200 terroristas que aún cumplen condena, cuya libertad es el objetivo prioritario y confeso de EH Bildu, son en realidad 187. El líder abertzale redondeó el número hacia arriba, pero en el circuito penitenciario español ya hay menos de dos centenares de fichas etarras.

Los planes de Otegi, confesados ante los suyos sólo 5 horas después de asegurar que el dolor provocado por ETA «nunca debió producirse», contemplan abiertamente la necesidad de que «este Gobierno» supere los dos años de legislatura que le quedan «y cumpla otros cuatro años». Es decir, que Pedro Sánchez renueve su estancia en Moncloa en las urnas y alargue su mandato hasta 2027. Seis años para cumplir el objetivo de sacar de prisión a esos 187 presos etarras.

Plan a seis años

De ese total de presos que hoy en día cumplen condena, en esos próximos 6 años se espera el licenciamiento de alrededor de medio centenar. Todos ellos saldrán de la cárcel de aquí a ese 2027. Si ven reducida su pena o progresado su grado penitenciario, algo previsible, los plazos se acortan aún más.

Por tanto, en las cuentas de EH Bildu se contempla que su acción política y la presión hacia el Gobierno de Sánchez ha de dirigirse a esos aproximadamente 140 presos con penas por cumplir que van más allá de ese 2027, la fecha de caducidad de esa hipotética tercera legislatura socialista.

Condenas de más de una década

El margen de maniobra es relativamente asumible para aquellos a los que les reste una condena por cumplir inferior a una década. Entre 2027 y 2031  saldrán de la cárcel sí o sí 57 presos de ETA. Probablemente se licencien antes de esa fecha, en vista al plan de concesión de terceros grados anticipados que ya está en marcha.

La salida de esos 57 presos extra de aquí a diez años dejaría en las prisiones españolas -para aquel entonces seguramente en las de competencia vasca- a un total de 83 presos terroristas. Los que a día de hoy tienen condenas por cumplir superiores a una década y los que representan un verdadero desafío para las cuentas de Otegi. En ese grupo están los sanguinarios Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco entre muchos otros, o Txeroki, con una veintena de asesinatos a sus espaldas.

Otegi habla de cambiar leyes

En sus casos, explican fuentes penitenciarias a OKDIARIO, será «muy difícil justificar ante la Justicia beneficios o progresiones de grado que permitan que salgan de la cárcel antes de 2027». En caso de hacerlo, aseguran, será «porque el Gobierno se salte todas las normas o modifique las existentes. Es literalmente imposible que aquellos que les queda más de una década por cumplir se fumen un tercio de condena, aunque se saquen diez carreras universitarias y sean los reclusos más ejemplares y reinsertados de todas las cárceles españolas».

Vistas esas dificultades, ¿por dónde pasa el plan de Bildu para lograr el objetivo de presos cero para 2027? Otegi ha dejado pistas en esa misma declaración del lunes: «Hay que obligar al Gobierno a un cambio legislativo que favorezca a los presos. Pero eso no lo decimos en público», advirtió.

Por el momento, lo que deja la connivencia del PSOE con Bildu es un reguero de acercamientos de etarras a cárceles del País Vasco. Los números son contundentes: 272 acercamientos desde que Sánchez es presidente. Todos ellos suman 304 personas asesinadas a sus espaldas. Y de todos los acercamientos, alrededor de 40 se han realizado contra el criterio de las juntas de evaluación de las prisiones. Los técnicos no vieron ninguna razón objetiva, ni de conducta o arrepentimiento, para beneficiarles con un traslado que finalmente sí recibieron.

Falsas cartas de arrepentimiento

Por otra parte, como desveló OKDIARIO, la Audiencia Nacional está revisando decenas de cartas firmadas por presos etarras y dirigidas a las familias que fueron víctimas de sus atentados. Escritos en los que muestran su presunto arrepentimiento y, de paso, les abre la puerta a acercamientos, progresiones de grado y salidas de prisión. Se ha detectado que algunas de ellas incluyen claras semejanzas en la estructura e incluso párrafos iguales con signos de corta-pega. Otras no van dirigidas a nadie en concreto y ni siquiera hacen mención a sus asesinatos.

Esta situación ha encendido las alarmas entre los equipos legales que defienden a los presos de ETA. En esos círculos se teme que la estrategia para lograr acercamientos y terceros grados se vea afectada por la revisión sistemática de las cartas de arrepentimiento, provocando la revocación de beneficios. Ya ocurrió con un preso etarra, Unai Fano, que el pasado 28 de septiembre reingresó en la cárcel tras disfrutar de 9 meses de libertad. La Audiencia Nacional decretó que ese beneficio era «prematuro» y que su arrepentimiento no era real, sino «utilitarista».