El Gobierno ha adjudicado 1,3 millones en contratos a Barrabés desde que está imputado en el ‘caso Begoña’

El Gobierno ha concedido contratos por más de 1,3 millones al Grupo Barrabés, del empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, desde que fue imputado por tráfico de influencias y corrupción, el 19 de julio del año pasado.

La principal adjudicación asciende a 1.276.984 euros y se cerró el pasado agosto, como reveló OKDIARIO. Se trata de siete contratos a Barrabés Ski Montaña, una de las empresas del conglomerado, adjudicados por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil -Ministerio del Interior- para «dotar al personal especialista del Servicio de Montaña de la Guardia Civil de los complementos de uniformidad, material y equipos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones». La empresa de la familia Barrabés se hizo con la mitad de los lotes ofertados.

El total de las adjudicaciones, según los expedientes consultados por OKDIARIO, asciende a 1.329.465,82 euros. La mayoría, concedidos por el Ministerio de Defensa para la dotación de diverso material, como cuerdas y anillas para escalada, equipos de buceo, cascos o linternas.

Hay también dos GPS, por un importe de 481,32 euros, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta compra está asociada al autodenominado Plan de Recuperación.

El Ministerio del Interior también ha gastado recientemente 9.485,35 euros para la adquisición de camillas especiales de rescate para el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. 

Imputado

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por los delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo, imputó también a su socio Barrabés el 19 de julio del año pasado.

El juez tomó la decisión después de la comparecencia del empresario como testigo, cuando respondió con «continuas evasivas» y «falta de concreción», según alegaron las acusaciones.

Barrabés, gurú de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, está imputado por las cartas de recomendación que la esposa de Sánchez firmó en sendas licitaciones de la entidad pública Red.es, que el empresario acabó llevándose por valor de más de 10 millones.

Precisamente, un reciente y demoledor informe de la Intervención General del Estado, revelado por OKDIARIO, ha dejado al descubierto una batería de irregularidades en estas adjudicaciones.

El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye que los contratos se adjudicaron en «fraude de ley», señalando, por ejemplo, que el peso de la puntuación subjetiva de las adjudicaciones fue mayor que el anunciado, que la valoración no se realizó por expertos independientes, como marca la ley, o que cartas como la de Gómez fueron valoradas, pese a que no se contemplaba en el pliego, lo que impidió que otras empresas las presentasen. El informe revela además la bajada de puntuación a dos empresas, lo que evitó, en el caso de una de ellas, que ganase el concurso.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo prorrogó un contrato con Innova Next, la empresa investigada de Barrabés, apenas cuatro días antes de la fecha que consta en este informe.

En concreto, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, y el propio Barrabés acordaron el pasado julio una prórroga del contrato adjudicado a Innova Next SL relativo a la prestación de «Servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento».

Este contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, fue adjudicado el 22 de diciembre de 2023 por un importe de 339.584,81 euros (impuestos incluidos) para su ejecución desde el 14 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 (594 días).

A la vista de que el contrato expiraba en dicha fecha, el Gobierno ha renovado este expediente con Barrabés —en lugar de abrir un nuevo concurso— por un plazo extra de nueve meses, una prórroga que contempla la ley, ampliándose así la ejecución «hasta el 30 de junio de 2026».