La legalidad era Maduro

Por la cínica y no menos estúpida regla de tres que esgrime la izquierda internacional tras la captura de Nicolás Maduro, no se podría ni se debería haber actuado contra la Alemania nazi que asesinó en las cámaras de gas a 6 millones de judíos. El derecho internacional lo marcaba una inoperante Sociedad de Naciones que no emitió ningún veredicto formal contra el monstruoso régimen hitleriano tras la Solución Final puesta en marcha en la Conferencia de Wannsee. Entre otras cosas porque de lo que acontecía en los campos de concentración se sabía en tiempo real más bien poco, la omertà funcionaba de puertas afuera, y porque a quienes se atrevían a contar la verdad los tomaban por locos. Nadie se creía las verdaderas dimensiones del espanto provocado por ese pintorcillo austriaco que se creía alemán. Tan sencillo como eso. El mundo carecía de leyes que prohibieran taxativamente la persecución de judíos, gitanos, católicos, homosexuales o personas con discapacidad.

Aunque tardísimo, los aliados decidieron acabar con el horror nazi apelando a ese Derecho Natural que establece que matar contraviene la moral más elemental y exterminar a grupos étnicos constituye la madre de todos los horrores. Cuando escucho al chavista Pedro Sánchez criticar a Donald J. Trump por capturar a Maduro «violando la legalidad internacional» me sobreviene la risa porque no se puede ser más cínico ni más ignorante. Básicamente porque todos los países tienen leyes: los democráticos, los autocráticos y los que padecen la lacra de la dictadura. Los ordenamientos jurídicos son una suerte de orden social, acotan el comportamiento de los individuos mediante reglas.

Lo que hay es reglas justas e injustas. La Alemania nazi tenía su propia legalidad. Las Leyes de Núremberg de 1935 fueron el germen de la Solución Final mediante normas tan aberrantes como la que protegía la «Sangre y el Honor Alemán» o la que otorgaba (o no) la «Ciudadanía del Tercer Reich». También hay normas en Corea del Norte, en esa China que fusila o ahorca a 10.000 personas anualmente, en la Rusia del envenenador Adolf Putin y, por supuesto, haberlas también las había y las hay en la narcodictadura de Hugo Chávez, en la de su sucesor, Nicolás Maduro, y también en la de Delcy Rodríguez, la sucesora del sucesor.

Los que invocan la legalidad internacional ‘olvidan’ que dicha legalidad no ha frenado la ejecución extrajudicial de innumerables venezolanos

Pedro Sánchez debería saber que derrocar a un sátrapa es ética y moralmente plausible por no decir una bendición del cielo. Eso es lo que hizo exactamente el Gobierno de los Estados Unidos ese 3 de enero de 2026 que quedó escrito en letras mayúsculas en apenas dos horas. Y, aunque nuestro todavía presidente es un iletrado excepcional, no está de más recordarle que hay numerosos teóricos, entre ellos el jesuita español Juan de Mariana —que, obviamente, el robatesis no tiene ni idea de quién es—, que consideran un bien moral el tiranicidio.

Prefiero que Maduro pague sus crímenes encerrado en una fría cárcel neoyorquina hasta el fin de sus días a su eliminación física. Y no precisamente por razones morales sino más bien prácticas. Haber quitado de en medio al asesino de decenas de miles de venezolanos hubiera elevado a la categoría de «mártir del imperialismo» a este indeseable personaje. Siendo pragmáticos se antoja mil veces más conveniente que se pudra en prisión o que se autopractique un Epstein en la celda. Punto.

Los que ahora invocan la legalidad internacional olvidan, para empezar, que la legalidad internacional no ha frenado la ejecución extrajudicial de innumerables venezolanos, tampoco las incontables desapariciones que equiparan cuantitativa y cualitativamente a este régimen con otros tan tenebrosos como las Juntas Militares argentinas o el pinochetismo, menos aún la existencia de miles de presos políticos en los casi 27 años que dura ya la pesadilla del chavismo. La ONU se quedó de brazos cruzados con todas estas atrocidades e igualmente calló ante el exilio de 9 millones de nacionales que han huido de la represión y, manda bemoles, del hambre en un país que posee más reservas petrolíferas que ¡Arabia Saudí!

Me provoca vómitos morales la gentuza que protesta por la captura de Maduro pero callaron siempre ante la represión brutal del chavismo

Las instituciones internacionales encargadas de imponer la legalidad internacional en la nación hermana han arrastrado los pies sistemáticamente. Ya en 2006 el Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió y cerró en un santiamén el proceso para dilucidar si existían motivos para encausar por crímenes de lesa humanidad a la República Bolivariana de Venezuela gobernada a la sazón por el asesino de la sonrisa, Hugo Chávez. La Organización de Estados Americanos (OEA) fue la primera que advirtió de manera inequívoca que en el país sudamericano se estaba perpetrando el terrorismo de Estado. Sucedió en 2018. La ONU tardó dos años más en llegar a esta perogrullesca conclusión y el Tribunal con sede en La Haya otros seis. Entre medias, Maduro, Delcy, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y demás gánsters continuaban matando como si no hubiera un mañana. Claro que ni el TPI, la ONU y mucho menos la OEA poseen medios militares para frenar a los autores de estos crímenes de lesa humanidad ni tampoco para detenerlos.

Si la legalidad internacional es papel mojado, si la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se toma a beneficio de inventario, ¿qué hay de malo en que una superpotencia coja al dictador y lo lleve a rendir cuentas ante la Justicia? Mi opinión es que no sólo no hay nada de malo sino que constituye una noticia maravillosa. A este respecto resulta importantísimo resaltar que el inquilino del Despacho Oval se limitó a ejecutar las órdenes de captura dictadas por la Justicia estadounidense a instancias de la Agencia antinarcóticos, DEA, que sostiene con contundentes pruebas que Nicolás Maduro es el principal narcotraficante de Sudamérica, además de un corrupto de marca mayor con una fortuna de miles de millones de dólares.

Me provoca vómitos morales la gentuza que protesta de ocho días a esta parte por el espectacular blitz estadounidense cuando han permanecido callados durante un cuarto de siglo ante las desvergonzadas vulneraciones de derechos humanos cometidas primero por Hugo Chávez y más tarde por el ahora presidiario Nicolás Maduro. Jamás alzaron la voz. Aún recuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero negándose ante un servidor en Telecinco a llamar «dictador» al marido de Cilia Flores, haciéndose el sueco a la hora de condenar el descomunal pucherazo en las Presidenciales de julio de 2024 y asegurando que Venezuela no padece una tiranía sino «un conflicto político».

A nadie de la izquierda española le escuché exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela que ahora salen a la calle gracias a TrumpUn juego de niños, lo de Zapatero, al lado del infamante coqueteo del delincuente de Pablo Iglesias, del presunto agresor sexual Errejón y de un Monedero acusado de acoso sexual con la tiranía venezolana. Aunque en su caso se aplicaron el viejo cuento del «por el interés te quiero, Andrés». Esta gentuza recibió toneladas de dinero manchado con la sangre de los demócratas venezolanos para importar a Europa el modelo chavista. Pruebas de ello hay para dar y tomar al punto que constituye una perogrullada tautológica, esto es, una obviedad al cubo. Por cierto: a ninguno de estos cínicos les escuché jamás exigir la liberación de los presos políticos que ahora, por la gracia de Donald Trump, empiezan a salir a la calle. La gran cuestión es dónde estaban en los malos tiempos. Y la respuesta es tan evidente que casi avergüenza responderla: riendo las gracias sin gracia al narcodictador.

Y que el Gobierno de Sánchez es la sucursal europea del chavismo lo certifica más allá de toda duda razonable que toda esta banda ha trincado sin parar dinero proveniente de PDVSA y alrededores. Cómo serán las cosas que un Ejecutivo que se autodenomina «progresista» y «democrático» puso la Embajada en Caracas al servicio de la narcodictadura. Las imágenes de Edmundo Rodríguez Urrutia firmando la derrota electoral que no se había producido en los comicios de 2024 en nuestra legación diplomática, en presencia de esos pedazo de gánsters que son los hermanos Rodríguez, deberían haber conducido supersónicamente al banquillo al embajador Ramón Santos y a buena parte de nuestro Gobierno. Claro que para eso se tendría que dar un supuesto que representa un imposible físico y metafísico en estos momentos: que España fuera una democracia de calidad.

El postureo de toda esta banda salta a la vista. La legalidad internacional que realmente desconocemos cuál es les importa un bledo. El problema se reduce a una cuestión económica. La aprehensión de Nicolás Maduro pone en riesgo el flujo de dinero Caracas-Madrid que ha hecho ricos a tantos y tantos prohombres de la izquierda española. Desde Raúl Morodo, mano derecha e íntimo de José Bono, hasta el propio Zapatero, pasando por los Pablo Iglesias de la vida. La pela es la pela. Y, mientras tanto, los demócratas aplaudimos a Donald Trump porque desde el sábado pasado el mundo es algo mejor. Y Venezuela ni les cuento.