El Colegio de Abogados de Madrid cree de «extrema gravedad» las filtraciones contra la pareja de Ayuso

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha calificado de «extrema gravedad» la filtración de datos cometida por la Fiscalía en su denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal», defiende esta institución.

Los juristas lamentan que la Fiscalía haya revelado «datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».

El ICAM recuerda que el artículo 22 del Estatuto de la Abogacía establece «sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos».

El Colegio de Abogados de Madrid también hace alusión al artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concretamente en su apartado cinco, que recoge «el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicado».

«Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales», apostilla el comunicado del ICAM.

Los letrados destacan que «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».

Tras la filtración de datos de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid pedirá en la próxima junta de Gobierno, convocada para el próximo lunes, defender «cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional». Lo hará en un punto extraordinario convocado para esta reunión.

«La Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias», añade la institución en su comunicado.

Querella contra Montero

El Colegio de Abogados de Madrid se pronuncia de esta forma después de que la pareja de Ayuso haya anunciado que vaya a presentar una querella contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un delito de revelación de secretos. Alberto González Amador también presentará una querella contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Este tipo de delitos conllevan penas de cárcel, en caso de que prospere esta querella.

Montero afirmó este martes que se había enterado por los medios que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública», además de acusar a Alberto González Amador de haber cobrado comisiones «respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». La ministra de Hacienda realizó estas declaraciones cuatro horas antes de que se publicara la noticia en los medios afines a La Moncloa. Por ello, María Jesús Montero podría enfrentarse a un presunto delito de revelación de secretos y denuncia falsa.

La denuncia de la Fiscalía

Este martes, la Fiscalía presentó la denuncia por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas, entre ellas Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia fue firmada el pasado 13 de febrero. La izquierda utiliza ahora esta denuncia para arremeter contra la presidenta madrileña y el PP y así intentar tapar el caso Koldo. Las filtraciones que se produjeron con esta denuncia contra la pareja de Ayuso ha sido denunciada por el Colegio de Abogados de Madrid.

El total del dinero defraudado por la pareja de Ayuso, a través de una presunta trama de facturas falsas, ascendería a 350.951 euros. Los cálculos de Hacienda señalan a que se habría defraudado este dinero durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando se realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus. González Amador participó en las adquisiciones de mascarillas, en una operación que se produjo entre dos empresas privadas.