Moncloa contra Ayuso

La pareja de Ayuso ganó 2 millones en comisiones por intermediar entre empresas privadas, no con Sanidad

Pareja Ayuso comisiones
Una farmacéutica enseña a un cliente un paquete de mascarillas en la farmacia. Foto: EP
Rafael Gallego

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró 2 millones de euros en comisiones por un trabajo como intermediario entre empresas privadas, sin que en la percepción de esa cantidad entrase en juego de forma directa el Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa. La empresa FCS Select Products pagó a González Amador la cantidad de 1.973.000 euros por la suma de dos comisiones en la mediación para cerrar un contrato de 42 millones para vender material sanitario a la mercantil gallega Mape Asesores. Esa cantidad fue el producto del acuerdo al que González Amador llegó con FCS, que consitía en percibir el 4,5% de todas las ventas que gestionase tras haber conectado, previamente, a esta firma catalana con la estadounidense IHD Interconn. Su trabajo fue encontrar un comprador final, que fue la gallega Mape Asesores.

La comisión para González Amador fue abonada por la empresa FCC Select Products S.L., que fue una de las mayores adjudicatarias de contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Se da la circunstancia de que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, había denunciado en marzo de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción los cuatro contratos que la empresa FCS había suscrito con la Administración Pública y por los cuales el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa le había adelantado 263,1 millones. Estos contratos, que son diferentes al suscrito entre FCS y Mape por el que González Amador pecibió una comisión, forman parte de la denuncia que el PP llevó a la Fiscalía, que incluye hasta un total de doce adjudicaciones por parte de diferentes organismos del Gobierno central durante la pandemia. Fue la propia Isabel Díaz Ayuso quien anunció la presentación de esta denuncia, el 10 de marzo de 2022, y que se remitió firmada por Alfonso Serrano, en calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

Este martes, la Fiscalía Provincial de Madrid anunciaba la presentación de una denuncia contra la actual pareja de Ayuso, con fecha del 13 de febrero. Se trata de una denuncia impulsada por una fiscal que fue directora general de Justicia en el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero y que, en cualquier caso, se refiere a unos hechos -el supuesto fraude de 350.951 euros a Hacienda- acaecidos durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso no mantenían una relación en común.

La investigación se centra en los contratos que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio ambiente, administrada por González Amador, suscribió con FCS Select Products. Esta segunda empresa fue una de las grandes adjudicatarias de contratos otorgados por la Administración central en plena pandemia, momento en el cual pasó de ofrecer artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas a proveer de material sanitario. Tal y como figura en la denuncia que presentó el PP, la cifra de negocio de FCS creció de ser menor a un millón de euros en 2018, cuando logró un beneficio de 69.000 euros, a los 263,1 millones que logró en 2020.

Además, en su denuncia los populares señalaban que «tal y como se ha publicado en diversos medios de comunicación, la administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo, fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros». Los populares se preguntaban en su denuncia «¿cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?», y apuntaban a una relación de amistad de los administradores de la sociedad con Salvador Illa «cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa y de la que fue alcalde».

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