Asalto al Poder Judicial

Batet no quiere ser Forcadell: cumplirá la resolución «sin precedentes» del Constitucional

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Batet en declaración institucional desde el Congreso.
Segundo Sanz

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ha realizado este lunes una declaración institucional tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha dictado paralizar la reforma de la Justicia impulsada por Pedro Sánchez para controlar la Corte de Garantías. Lejos de la actuación de rebeldía que tuvo tras el 1-O la presidenta del Parlament de Cataluña, la separatista Carme Forcadell, Batet ha avanzado que «la actuación del Congreso no puede ser sino una, la del cumplimiento» de la resolución «sin precedentes» del Tribunal Constitucional. La Cámara Baja aprobó la semana pasada la reforma de Sánchez pese al recurso del PP, que solicitó al TC impedir la votación de dos enmiendas. Ahora, la Corte de Garantías ha frenado que se voten el jueves en el Senado.

En una intervención solemne desde el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja, la tercera autoridad del Estado ha manifestado, no obstante, que este «cambio de modelo produce una honda preocupación» y ha apelado a la existencia de un poder legislativo «sin interferencias», en un claro dardo al Tribunal Constitucional.

«Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático», ha afirmado Batet.

«Con la decisión conocida hoy [por ayer], se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo», ha criticado la también diputada socialista.

«Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales», ha agregado.

Además, Batet ha subrayado que «nuestra Norma Suprema, a través de distintas previsiones, garantiza y preserva el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate, la deliberación y la votación. Sin interferencias. Este es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales», ha apostillado.

«Autonomía»

Con todo, ha avanzado que la Cámara cumplirá la decisión del Constitucional y «a la mayor brevedad, esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo», ha concluido.

El pleno del Constitucional ha acordado suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ahora mismo en el Senado, tras pasar por el Congreso, de las dos enmiendas por las que se rebaja la mayoría para elección de los dos candidatos al TC que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Corte de Garantías ha admitido así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo contra dichas enmiendas. Al margen de ello, la tramitación de la rebaja de los delitos de sedición y malversación seguirá adelante.

En concreto, la votación en el TC se ha saldado con seis votos, los de la mayoría conservadora, frente a cinco, los de la minoría que integra el bloque progresista. De esta manera, los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los diputados del PP, que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.

Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Tribunal Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita. Y es que nunca un Gobierno como el de Pedro Sánchez llegó tan lejos, forzando un cambio de la legislación de la tal envergadura, esto es, modificando la ley del CGJP y del TC en apenas unas semanas, vía enmienda a una proposición de PSOE y Podemos (en lugar de un proyecto de ley del Gobierno), sin los informes preceptivos de los órganos constitucionales y sin atender el criterio de los letrados del Congreso.

Otro varapalo

Se trata de otro varapalo más del Tribunal Constitucional al mandato de Meritxell Batet (PSC) como presidenta del Congreso, ya que la Corte de Garantías ya decretó inconstitucionales los estados de alarma que se aprobaron en las Cortes durante la pandemia, así como el cerrojazo al que sometió a la Cámara durante el primer confinamiento.

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