Arévalo era consejera del PSOE en Castilla-La Mancha cuando 11 bomberos murieron en el gran incendio de 2005

Rosario Charo Arévalo Sánchez era consejera de Medio Ambiente por el PSOE en el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando 11 bomberos murieron abrasados en el gran incendio de 2005 que se produjo en Guadalajara. Charo Arévalo acabó dimitiendo de su cargo por su nefasta gestión durante la tragedia por la que estuvo imputada en los tribunales durante años. 

Charo Arévalo fue una de las responsables de la pésima gestión del peor incendio que se recuerda en Guadalajara, en el que murieron 9 bomberos y 2 agentes forestales y se quemaron 12.000 hectáreas.

La tragedia conmocionó a la población y el entonces Gobierno socialista de José María Barreda fue criticado por la descoordinación y la falta de recursos materiales que provocó la muerte de más de una decena de personas de la brigada de extinción de incendios de Cogolludo.

Los alcaldes y vecinos de la zona también se quejaron de la falta de medios empleados ante la virulencia del fuego y la entonces consejera Charo Arévalo no supo reaccionar rápido, lo que provocó el fatal desenlace.

El incendio fue provocado a raíz de una barbacoa en el campo y, durante la extinción, murieron los bomberos del retén. La causa judicial duró 7 años y fue la Audiencia Provincial de Guadalajara la que acabó exculpando a Charo Arévalo.

Los familiares de los fallecidos reclamaron justicia 20 años después de la tragedia. «Taparon todo, no se hizo justicia», expresaron en una entrevista con el periódico ABC en el que destacaron el papel nefasto del PSOE en la gestión de la tragedia.

Una vida vinculada al PSOE

Charo Arévalo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Según indica la página web del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, hasta 1995 fue coordinadora de la Unidad de Estudios del Gabinete de la ministra de Sanidad, entonces Ángeles Amador, la última del Gobierno de Felipe González.

Posteriormente, Charo Arévalo recaló en Castilla-La Mancha, donde fue directora de calidad en la Consejería de Administraciones Públicas y directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, antes de incorporarse, en julio de 2003, al puesto de consejera de Medio Ambiente que abandonó a raíz del incendio.

El PSOE le buscó por aquel entonces una puerta giratoria y acabó en la empresa nacional del uranio, ENUSA. Charo Arévalo lleva ahí más de 20 años ocupando distintos puestos de dirección hasta llegar a ser en estos momentos la directora corporativa de la empresa con un abultado sueldo.

Arévalo sigue en el cargo pese a que conoce que ha sido imputada por el juez Santiago Pedraz en el marco del caso Leire, que investiga amaños y mordidas en contrataciones públicas. Fuentes jurídicas indican a OKDIARIO se ha personado como investigada con abogado y procurador. Sería un letrado privado, ya que la Abogacía del Estado no ha optado por ejercer la defensa.

Amaños en ENUSA

Uno de los cinco amaños investigados en la trama de Leire Díez implica precisamente a ENUSA –donde Charo Arévalo es directora corporativa– y a la multinacional Acciona.

Según una diligencia de ordenación del Juzgado Central de Instrucción número 6, a cuyo contenido ha conseguido OKDIARIO, «la operativa tiene lugar en un contexto en el que la sociedad Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública Enusa»: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. En ese documento se habla de posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

No es un detalle menor que la propia Leire Díez trabajara como directora de comunicación en Enusa entre 2018 y 2021, lo que le habría proporcionado un conocimiento privilegiado de la estructura interna de la empresa y de sus procesos de contratación. Ahí coincidió con Charo Arévalo, con la que acabó enemistada.

Para materializar la operación, varios directivos de Enusa junto a los tres investigados habrían ideado, según la UCO, «un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico».

El mecanismo habría consistido en contratar al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP con la finalidad aparente de dar soporte jurídico a la operación, introduciendo en esa contratación sobrecostes cuantificados en el 50% del importe del contrato.

Esos fondos habrían sido canalizados después hasta sociedades de la órbita de Hirurok. En aparente correlación, la UCO ha documentado pagos del referido despacho a la mercantil Mediaciones Martínez —sociedad que los investigados habrían usado para vehicular las comisiones ilegales— por un importe total de 17.545 euros, IVA incluido.