Primeras condenas de cárcel en el ‘caso Tito Berni’: sobornos a un guardia civil a cambio de contratos

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado las primeras condenas de prisión del caso Tito Berni, en una sentencia en la que tres acusados han resultado culpables de haber corrompido a un general de la Guardia Civil en servicios especiales mediante el pago de dinero en efectivo y la entrega de regalos y viajes, a cambio de aprovechar su cargo y sus contactos para obtener contratos empresariales lucrativos en el archipiélago canario.

La sentencia, con fecha del 25 de febrero de 2026 y firmada por el magistrado-presidente Emilio Moreno y Bravo, ha condenado a nueve meses de prisión al empresario del sector energético y al general de división Francisco Espinosa Navas, mientras que el intermediario Marcos Antonio Navarro Tacoronte próximo al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha recibido una pena de cuatro meses y quince días. Los tres han sido declarados culpables de un delito continuado de cohecho.

Los hechos probados se remontan a finales de agosto de 2020, cuando Navarro Tacoronte contactó con el empresario presentándose como una persona con numerosos contactos en el mundo empresarial y público del archipiélago canario. Le ofreció ejercer como mediador para conseguir contratos ventajosos para sus empresas del sector de las energías renovables, especialmente en la instalación de placas fotovoltaicas.

Cohecho continuado

Entre septiembre y noviembre de 2020, el empresario realizó hasta cinco entregas de dinero en efectivo a Navarro Tacoronte, quien las repartía con Espinosa Navas. Los pagos fueron de 3.000 euros el 14 de septiembre, otros 3.000 euros el 22 de octubre, 3.000 euros el 30 de octubre, 1.500 euros el 4 de noviembre y una última entrega de 3.000 euros el 12 de noviembre. En total, 13.500 euros en metálico.

El patrón de conducta resultó determinante para el jurado. Los ocho ciudadanos que integraron el tribunal apreciaron una llamativa coincidencia entre las retiradas de efectivo del empresario y las posteriores reuniones y comidas en restaurantes de Madrid con los otros dos acusados, frecuentemente en el restaurante La Quinta o La Trainera.

Además del dinero, el empresario sufragó íntegramente un viaje a Fuerteventura para Espinosa Navas y su acompañante entre el 23 y el 25 de noviembre de 2020. Los gastos incluyeron billetes de avión por valor de 483,40 euros, la estancia en el Hotel Eurostars Las Salinas por 194 euros y el alquiler de un vehículo por 80 euros.

La testigo que acompañó al general reconoció en el juicio oral no haber abonado nada de lo relativo a dicho viaje, y que si bien en un principio creyó que había sido una invitación del propio Espinosa, posteriormente supo que todos los gastos habían corrido a cargo del empresario.

Grabaciones comprometedoras

Las grabaciones interceptadas resultaron ser el elemento probatorio más elocuente del juicio. En un audio, correspondiente al 12 de noviembre de 2020, el propio Navarro Tacoronte admitía sin ambages a su interlocutor: «No estamos cometiendo ningún delito, pero estamos sobornando». Y cuando se planteaba si el viaje también podría considerarse como tal, respondía sin dudar: «Soborno».

En otra conversación, Navarro Tacoronte comunicaba al empresario que le había prometido al general una comisión del diez por ciento de una eventual operación en África: «Y yo le he dicho al General que se lleva el 10 por ciento de la operación completa. Sin hablarlo contigo».

El general, por su parte, se mostraba interesado en hacer fructificar los negocios del empresario aprovechando sus contactos: «Porque yo me abrí un camino cojonudo, a través de mis amistades», se escucha en uno de los audios.

Espinosa ejercía como director del Proyecto GAR-SI SAHEL en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), una fundación del sector público estatal financiada con fondos europeos cuyo objetivo era contribuir a la seguridad en países del Sahel como Mauritania, Mali o Burkina Faso.

El tribunal ha considerado que esa condición le otorgaba la cualidad de funcionario público a efectos penales, con independencia de que se encontrara en situación administrativa de servicios especiales. Algo parecido le ocurre a Begoña Gómez como directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

El empresario y Espinosa Navas han obtenido la suspensión de la pena de prisión durante dos años, al ser primarios penales y no superar la condena los dos años. No así Navarro Tacoronte, quien arrastraba ya una condena firme por estafa dictada en noviembre de 2024.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de diez días desde la última notificación.

Así concluye, al menos en esta instancia, una causa que tardó más de cuatro años en llegar a juicio desde que comenzaron los hechos, y que ha quedado grabada en la memoria colectiva, con la misma indeleble nitidez que las propias grabaciones que la sustentaron, como un ejemplo palmario del uso venático del cargo público para el beneficio privado.