Las claves del ‘caso Mediador’: quién es quién, qué se investiga y por qué se llama así

El caso Mediador entra en su primera fase de juicio este jueves 22 de enero con la primera sesión oral pública sobre la presunta trama de instalación de placas fotovoltaicas en Canarias, una de las tres piezas en que se ha dividido la causa.

La Fiscalía ha pedido un año de prisión por cohecho para el general retirado Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, en un procedimiento que también ha salpicado al ex diputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, aunque este no se sienta en el banquillo en esta vista concreta.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife va a juzgar esta primera pieza con tribunal de jurado. Según el calendario previsto, el juicio durará cuatro días con una sesión inicial para resolver las cuestiones previas planteadas por las partes.

Quién es quién

Marco Antonio Navarro Tacoronte es el intermediario que ha dado nombre al caso. Apodado el Mediador, se presentaba como una persona “integrada” en el Gobierno de Canarias, “pese a saber que carecía de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo”, según el escrito de la Fiscalía. Su papel consistía en captar empresarios y prometerles contratos públicos o subvenciones a cambio de comisiones y regalos.

Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil, ha sido señalado por el Ministerio Público como una figura clave para dotar de credibilidad a la trama. Durante los encuentros con empresarios, hacía valer que durante cuatro años había sido una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias, actuando “en connivencia” con Navarro Tacoronte.

Antonio Bautista, empresario, entró en contacto con el mediador por los supuestos contactos de este en el ámbito empresarial y político. Según la acusación, asumía los gastos de reuniones, realizaba regalos y llegó a abonar cantidades en efectivo para obtener ventajas comerciales vinculadas a proyectos de energía fotovoltaica.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ex diputado del PSOE conocido como Tito Berni, ha sido una de las figuras más mediáticas del caso Mediador. Aunque no está acusado en esta primera pieza, aparece en el relato fiscal como una de las personas que recibían a empresarios en el Congreso de los Diputados, contribuyendo a generar una “imagen de seriedad y poder”.

Fuentes Curbelo no se ha incluido en este juicio porque la causa se ha dividido en varias piezas independientes. La vista que comienza el 22 de enero se circunscribe exclusivamente a la trama de placas fotovoltaicas, mientras que el ex diputado está investigado en otras piezas del procedimiento, relacionadas con presuntos cobros, intermediaciones y favores en ámbitos distintos. Su eventual enjuiciamiento se producirá, en su caso, cuando esas piezas separadas concluyan la fase de instrucción y se abran juicio oral.

Qué se investiga

En esta primera pieza, la Fiscalía ha solicitado un año de prisión por un presunto delito de cohecho para Espinosa, Bautista y Navarro Tacoronte. El núcleo de la acusación es la promesa de contratos con la administración pública y de acceso a subvenciones a cambio de pagos, regalos o favores personales.

El Ministerio Público sostiene que Navarro Tacoronte se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y la concesión de ayudas públicas, además de “lucrativos contratos” con la administración, siempre a cambio de contraprestaciones económicas.

La causa se centra en proyectos de instalación de placas fotovoltaicas en el archipiélago canario. Bautista llegó a presentar hasta cuatro proyectos a empresarios ganaderos de Fuerteventura, aunque finalmente “las ofertas no fructificaron”, según consta en el escrito de acusación.

Pese a que los proyectos no se materializaron, la Fiscalía considera que existió una conducta penalmente relevante por la exigencia de comisiones y dádivas vinculadas a la promesa de influencias y contratos públicos.

El modus operandi

Para ganarse la confianza de los empresarios, el mediador organizaba encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico, principalmente con el general Espinosa. Algunas reuniones se celebraban en la Península, una estrategia destinada a generar una “imagen de seriedad y poder” y a convencer al empresario de que “accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos”.

Los encuentros se desarrollaban habitualmente en restaurantes, donde, según subraya la Fiscalía, el empresario “siempre asumía el pago de los gastos”, normalizando así una dinámica de favores y contraprestaciones.

El escrito de acusación detalla que Bautista comenzó a realizar regalos al general y al mediador, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, además de viajes y otros obsequios.

Progresivamente, las exigencias aumentaron. El empresario llegó a abonar casi 20.000 euros en sobres y en efectivo al general y al mediador y aceptó condiciones como la contratación de personas del entorno de Espinosa, incluida su pareja, con un sueldo mensual de 3.000 euros, así como la promesa de contratar al propio general tras su jubilación.

Con el fin de “impresionar” a otros posibles empresarios, algunas reuniones se celebraban en lugares de alto simbolismo institucional, como la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y el Congreso de los Diputados.

En este último, los empresarios eran recibidos por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, un elemento que reforzaba la percepción de acceso directo al poder político, aunque esos hechos se analizan en piezas distintas a la que ahora se ha juzgado.

El caso Mediador salió a la luz en 2023 y se ha dividido en varias piezas para facilitar su investigación. La de las placas fotovoltaicas es la primera en llegar a juicio, pero no la única. El procedimiento aborda un entramado más amplio de relaciones entre políticos, empresarios y antiguos mandos policiales. El diputado canario que tiene varias fotos con Pedro Sánchez será juzgado próximamente.

El inicio del primer juicio del caso Mediador ha marcado un hito en una investigación que aún no ha dicho su última palabra. La imagen que emerge es la de una red donde la apariencia de influencia funcionaba como moneda de cambio y donde escenarios institucionales se utilizaban para reforzar la credibilidad de promesas que ahora se juzgan.