Podría ser el guion de una serie: una saga de actrices, una sociedad familiar, una casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid y un helicóptero en el jardín. Pero no es ficción. Es la historia (según nos relatan el actual propietario y su abogado) de una vivienda en Las Rozas vinculada a la hija de Marisa Porcel (la voz de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York) que fue subastada por Hacienda y que, dos años después, sigue okupada mientras su nuevo dueño paga alquiler sin poder entrar.
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La propiedad pertenecía a la sociedad Akaster Level, fundada en su día por la actriz Marisa Porcel, inolvidable para muchos por su papel en Escenas de matrimonio. Tras su fallecimiento en 2018, la administración habría quedado en manos de su hija, la actriz y dobladora Paloma Porcel (voz habitual de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York), según la documentación consultada.
La vivienda salió a subasta pública tras una deuda con Hacienda que, según nos explican, ascendía a 1,5 millones de euros. Su valor de mercado rondaría los dos millones. Finalmente, fue adjudicada por alrededor de 600.000 €.
Una ‘oportunidad’ envenenada
Manuel Jiménez, nombre con el que se ha identificado el actual propietario, nos cuenta que llegó a la operación buscando una alternativa al mercado tradicional.
«El mercado es imposible. Los precios estaban disparados y me hablaron de una casa que venía de embargo. Me dijeron que era una oportunidad por debajo de mercado y que, con tiempo, se resolvería la posesión», explica.
Compró la vivienda hace aproximadamente un año y medio. Su mujer estaba embarazada. Hoy su hija tiene más de un año y la familia sigue viviendo de alquiler. «Yo soy el legítimo propietario. Pero estoy pagando un alquiler mientras otras personas viven en mi casa y no abonan nada», afirma.
Según su versión, tras la adjudicación comenzaron una serie de maniobras legales para impedir la entrega de la vivienda. Entre ellas, la presentación de un contrato de arrendamiento que, siempre según la parte compradora, sería «cuando menos dudoso».
El contrato de alquiler en cuestión
Ángel Sánchez, letrado y socio de Golden Partners, despacho especializado en real estate que representa al propietario ante el supuesto inmueble okupado, sostiene que se habría presentado un contrato de alquiler entre la administradora de la sociedad y su pareja.
«La contraprestación no sería económica, sino el mantenimiento del jardín y las instalaciones. Primero se presentó como un contrato parcial (por una habitación y garaje) y después apareció otro por la totalidad de la vivienda con fecha anterior. No tiene sentido jurídico», explica el abogado.
Desde su punto de vista, estarían ante una posible «falsedad documental» y una «presunta estafa procesal», términos que recalca como calificación jurídica provisional mientras el procedimiento sigue su curso.
El juzgado, según nos detallan, ya habría enviado diligencias para confirmar la ocupación de la vivienda. El proceso continúa.
Piden 300.000 € para marcharse
En paralelo, Manuel asegura que intentó una vía amistosa. «Les ofrecí pagar la mudanza, los gastos legales y una compensación que rondaba los 20.000 €. Lo hice porque tengo una hija pequeña y quería entrar cuanto antes en mi casa», relata.
La respuesta, según afirma, fue muy distinta: «Me pidieron 300.000 € en efectivo para abandonar la vivienda. Me dijeron que con 20.000 no les daba ni para mover los 12 coches que tienen dentro».
El abogado confirma que existieron conversaciones para un acuerdo extrajudicial, aunque sin resultado.
Helicóptero, coches y redes sociales
El relato tiene un componente casi surrealista. En imágenes de Google Street View puede verse (incluso a día de hoy) un helicóptero en el jardín. Según el propietario, la propia actriz publicó en sus redes sociales una despedida, cuando el vehículo aéreo fue retirado: «Adiós bello», escribió Paloma en su IG. «Lo ves en Instagram y no te lo crees. Mientras yo pago alquiler, se despiden de un helicóptero desde mi casa», comenta Manuel.
También asegura que existen deudas acumuladas de comunidad e impuestos asociados al inmueble que ascienden a unos 10.000 € que, llegado el momento, recaerían sobre él como titular registral.
El procedimiento judicial podría prolongarse aún meses. «Quizá un año, si no aparecen nuevas cuestiones», señala el abogado con prudencia. Para Manuel, el desgaste es principalmente emocional: «Yo sé que me darán la razón. Es cuestión de tiempo. El problema es que el tiempo juega a su favor, no al mío».
Mientras tanto, la vivienda permanece cerrada para su dueño. Una casa que nació en el entorno de una familia de actores, que pasó por una subasta pública y que hoy vive una batalla judicial que, según quienes la protagonizan desde el lado comprador, nunca imaginaron cuando firmaron la escritura. Porque a veces la realidad (como en las mejores series) supera la ficción.
