Así alentaba Maduro la ‘caza de brujas’ a los jueces que ahora copia Sánchez: «Soy víctima de ‘lawfare’»

Lawfare, el término popularizado en torno a la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con el separatismo y que ha encendido las alarmas de los jueces no es un concepto nuevo. Pero sí es la primera vez que, sin citarlo expresamente, se plasma por escrito en un pacto político y, en el caso español, se refiere a la presunta persecución judicial que sufre el separatismo y que denuncian sin ningún tipo de prueba ni rigor. Otros lo usaron antes. En 2021, por ejemplo, el dictador venezolano Nicolás Maduro se declaraba «víctima» de «lawfare imperial internacional», el concepto que ahora Pedro Sánchez compra al independentismo.

Lo hizo Nicolás Maduro, en concreto, en la presentación del libro El lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley, de la escritora catalana Arantxa Tirado, admiradora de los regímenes de América Latina y próxima a Podemos.

«Yo soy víctima de un lawfare internacional, así como Lula fue víctima de un lawfare brasileño; Cristina [Fernández de Kirchner], de un lawfare argentino; Correa, de un lawfare ecuatoriano; Evo, de un lawfare boliviano… yo soy víctima de un lawfare imperial internacional. Como no pueden hacer el lawfare en Venezuela porque hay instituciones firmes, constitucionales, se buscan en el mundo la forma de hacer un lawfare contra Nicolás Maduro para presentar a la víctima de agresiones, de ataques, de intento de asesinato, de golpes de Estado, como victimario. Es una batalla por la verdad», dijo.

La autora, enlazando el discurso de Maduro, denunciaba la «perversión» de la «democracia representativa liberal» que «criminaliza los intentos de democracia socialista». Y arremetía contra la Justicia: «El Poder Judicial es un poder de clase que se utiliza para defender los intereses de una élite en contra de las voluntades de las mayorías, sobre todo de América Latina y el Caribe». Nicolás Maduro, eufórico, añadía sobre el lawfare que «se fabrican mediáticamente testigos y pruebas falsas», un discurso similar al que utilizan los separatistas para argumentar su persecución por parte de los jueces, y que ahora acepta Pedro Sánchez.

Ley de Amnistía y lawfare

El concepto lawfare como tal no aparece de la Ley de Amnistía registrada finalmente en el Congreso, pero sí se conserva su espíritu. En la práctica, la amnistía se aplicará a los colaboradores estrechos de Carles Puigdemont, que se han declarado víctimas de una cacería judicial. Además, el acuerdo suscrito por el PSOE con Junts, a cambio de sus siete votos para la investidura de Pedro Sánchez, sí lo menciona expresamente:

«La Ley de Amnistía (…) debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Rechazo de jueces y fiscales

Esta alusión ha provocado la indignación de los jueces y fiscales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público un comunicado para expresar su «frontal rechazo» ante las «inadmisibles referencias» a este término, pues «ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales». Y esto, advierte el máximo órgano de los jueces, «implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes».

Las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente- también han mostrado su rechazo rotundo a esta injerencia.

En otro comunicado, los jueces manifiestan que el acuerdo entre el PSOE y Junts «podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». Y recuerdan que los jueces «han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución». Por lo tanto, «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables».

«El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», concluyen.

La Asociación de Fiscales también considera «inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente».

«Es inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales ya que pervertiría absolutamente el sistema constitucional de separación de poderes», sostiene la Unión Progresista de Fiscales.