El precio de la vivienda libre se disparó cerca del 8% en el segundo trimestre: récord en dos años

El precio de la vivienda libre se disparó un 7,8% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, 1,5 puntos más que en el trimestre anterior y, por tanto, el porcentaje de subida más alto desde el segundo trimestre de 2022. En aquel entonces, el coste de los inmuebles se aumentó el 8%. Así lo reflejan los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el segundo trimestre de 2024, el precio de la vivienda libre experimentó un aumento interanual del 7,8%, sumando ya 41 trimestres consecutivos de subidas.

Este incremento se debió tanto a la vivienda nueva como a la de segunda mano. El precio de la vivienda nueva subió un 11,2% interanual, alcanzando su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2007, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime. Por otro lado, la vivienda usada registró un alza del 7,3%, su mayor repunte desde el verano de 2022.

El precio de la vivienda libre

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en el segundo trimestre en tasa interanual.

Los mayores incrementos se registraron en:

• Navarra: +10,3%
• Aragón: +9,9%
• Andalucía y Ceuta: +9,5%
• Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja: +8,6%.

Los incrementos más moderados se dieron en:

• Castilla-La Mancha: +5,3%
• Extremadura y Baleares: +6,2% en ambos casos
• Galicia y Cataluña: ambas con un repunte interanual en el precio de la vivienda libre del 6,7%

En tasa intertrimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,6%, su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre de 2015.

Entre abril y junio, el precio de la vivienda usada creció un 3,7%, su mayor incremento trimestral también desde el segundo trimestre de 2015. Por su parte, la vivienda nueva elevó su precio un 2,7%, moderando en casi tres puntos el avance experimentado en el primer trimestre del año.

El IPV «tiene como principal objetivo medir la evolución del precio de compraventa de las viviendas libres adquiridas por los hogares en España, tanto vivienda nueva como de segunda mano, ajustando los cambios en la composición y calidad de las viviendas adquiridas en distintos periodos mediante un método que combina estratificación con un modelo de regresión», según el INE.

Persistencia del problema de la vivienda

El problema inmobiliario parece no detenerse. De hecho, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista, el precio de la vivienda en España registró una subida del 8,6% durante el mes de agosto en comparación con el mismo mes del 2023, situándose en 2.176 euros el metro cuadrado. El informe del portal inmobiliario destaca que se ha registrado un récord en el precio de los inmuebles.

Por tanto, el alza de los precios no se ha detenido en el segundo trimestre, que finaliza en junio, sino que el mercado también ha sufrido alzas durante el periodo estival. Una situación que es cada vez más preocupante y que dificulta que los más jóvenes consigan una vivienda en propiedad para poder formar una familia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguraba su vuelta al curso político defendiendo que va a impulsar «nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda, perseguir la especulación, fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, y lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no el negocio de unos pocos».

Sin embargo, llama la atención que recientemente se ha conocido que Grupo Lar y BlackRock han comprado un edificio de Hacienda por 205 millones para destinarlo a viviendas de lujo y como residencia de estudiantes prime.

En concreto, el Gobierno de España ha vendido a los fondos gestionados por BlackRock y al Grupo Lar, que operaban a través de una sociedad conjunta, un edificio de oficinas de Madrid del Ministerio de Hacienda para construir 153 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes con 400 camas.

Así, el Ejecutivo se vuelve a contradecir, pues uno de los partidos que lo componen, Sumar, pedía el pasado marzo «prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a otras entidades públicas para su transformación en parque público de alquiler».