El Gobierno confirma que el cambio de control de Celsa está sometido al escudo antiopas

El Ministerio de Industria ha confirmado que la toma de control de la siderúrgica Celsa por los acreedores, tras la sentencia de un juzgado de Barcelona del lunes, está sometida al conocido como escudo antiopas, es decir, a la autorización previa del Consejo de Ministros ya que dichos acreedores son fondos extranjeros.

Este escudo, todavía vigente, concede al Gobierno la potestad de autorizar o denegar la compra de más de un 10% del capital por un inversor extranjero de una empresa española perteneciente a un sector que el Ejecutivo considera estratégico. Pero en la lista del Real Decreto que lo regula no se incluye específicamente la siderurgia, lo que había generado dudas sobre si el caso de Celsa estaba sometido o no a esta norma.

Asimismo, los citados fondos no han comprado Celsa sino que han capitalizado su deuda (la han convertido en acciones) para salvar la compañía, puesto que tenía fondos propios negativos y su capital valía cero. Eso es lo que ha autorizado el juez. Esta forma de tomar el control tampoco está contemplada en la norma que regula este escudo.

Los sectores que están sometidos a autorización gubernamental son «infraestructuras, ya sean físicas, virtuales, redes o sistemas, incluyen las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles», así como tecnologías críticas e insumos imprescindibles para prestar servicios esenciales para los ciudadanos.

El escudo antiopas, esperanza de Rubiralta

Los fondos temían que la operación de Celsa entrara en el terreno político y, por eso, llevan tiempo hablando con Industria para intentar evitarlo, algo que la postre ha resultado infructuoso. Como informó OKDIARIO, también contemplaban como opción dar entrada a un inversor español en el capital, pero hasta el momento no han encontrado a ninguno dispuesto a hacerlo. Incluso se lo plantearon a la familia Rubiralta, hasta ahora propietaria de Celsa y derrotada en los tribunales.

Precisamente, los Rubiralta han sido los primeros en decir públicamente este martes que la toma de control debe ser autorizada por el Consejo de Ministros, lo que supone el último clavo ardiendo al que pueden agarrarse para mantener el control de la compañía, en el caso de que el Gobierno deniegue la autorización a los fondos.