Celsa no cobrará los 550 millones de dinero público prometidos salvo que Junts y ERC lo exijan a Sánchez

La sentencia que ratifica la toma de control de la siderúrgica Celsa por parte de sus acreedores en detrimento de la familia Rubiralta abre un interrogante: ¿Puede percibir los 550 millones que le concedió la SEPI condicionados a un acuerdo entre los accionistas y los acreedores? La respuesta es no, según fuentes cercanas al holding público, pero siempre puede existir una vía para concederle el dinero si los independentistas catalanes se lo exigen a Pedro Sánchez.

En primer lugar, es dudoso jurídicamente que una sentencia judicial que da la razón a una de las partes pueda considerarse equivalente al acuerdo entre accionistas y acreedores a que estaba condicionada la entrega del dinero público.

Pero el argumento más importante es que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, que pretendía ayudar a las compañías más afectadas por el covid y que fue el que concedió el rescate a Celsa,  está cerrado desde junio del año pasado. «Justificar pagar ahora 550 millones por la pandemia no tendría ningún sentido», sostiene una de las fuentes consultadas.

Ahora bien, contra eso se puede argumentar que esta ayuda fue concedida cuando el fondo estaba vigente y sólo estaba pendiente de que se cumpliera una condición que se ha cumplido ahora. Pero las pérdidas sufridas -en teoría- por culpa de la pandemia siguen estando ahí, y siguen lastrando la viabilidad de la empresa.

Conscientes de estas dificultades, los acreedores y ahora dueños de Celsa -en su mayoría fondos de inversión más Deutsche Bank- diseñaron su plan de viabilidad sin contar con el dinero público de la SEPI. Con eso pretendían también diferenciarse de los Rubiralta, cuyo plan necesitaba sí o sí el rescate. Ahora bien, «a nadie le amarga un dulce» según las fuentes, y, si pueden conseguir esa inyección, la conseguirán. Sobre todo, si se canaliza como préstamo a unos tipos de interés inferiores a los de mercado: los intereses del BCE eran negativos cuando se concedió el rescate a Celsa.

Clave política

La clave está en el cumplimiento de los compromisos de los acreedores de mantenimiento del empleo y la actividad, así como la permanencia de la sede en Cataluña. Si los partidos nacionalistas no se fían de ellos -en especial ERC, que los considera «fondos buitre»-, pueden exigir a Pedro Sánchez que conceda la ayuda para asegurar que no se pierden empleos, siempre con el horizonte electoral catalán en mente.

«Si Sánchez está dispuesto a darles una amnistía, no les va a negar 550 millones», aventura otra fuente. Y la SEPI hará lo que le ordene el Gobierno, acostumbrado a manejar arbitrariamente el holding público con rescates tan escandalosos como los de Plus Ultra o Duro Felguera.

En ese caso, el modus operandi habitual es pedir informes a todo tipo de organismos: a la abogacía del Estado para que justifique jurídicamente que la sentencia equivale al acuerdo entre las partes y que la ayuda se concedió cuando el fondo estaba vigente, a la Intervención General del Estado, a Industria, etc.

«De esta forma, si alguien recurre el rescate ante los tribunales, el juez tiene el argumento de que todos esos organismos lo han aprobado, y lo más fácil es que tumbe el recurso», según las fuentes.