El cultivo de marihuana en Granada aumenta en 500 millones € la factura de la luz de los españoles

El pasado miércoles Endesa, junto a la Guardia Civil, cortó el suministro a 62 viviendas de la calle Molino Nuevo, en Granada, que no tenían ningún contrato de suministro y que estaban enganchadas de forma fraudulenta a la red eléctrica. Un corte de suministro, que ha levantado ampollas en las redes sociales, ya que varios grupos de consumidores se han hecho eco de la noticia, pero con una errónea interpretación, toda vez que hablan de dejar a niños y ancianos sin energía.

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO, la inmensa mayoría de esos enganches se utilizaban para grandes plantaciones de marihuana, y no para subsistir. De hecho, no consta que en ninguna de esas viviendas haya personas que necesiten contar con el suministro eléctrico por razones médicas. En cualquier caso, las compañías eléctricas con las que ha hablado este diario señalan que esas personas se podrían dirigir a los servicios sociales del Ayuntamiento para encontrar vías especiales para solucionar su situación, si realmente tuvieran problemas de este tipo. “Hay enganches ilegales de varios bloques de edificios. No es que no estén pagando, es que se han conectado de manera ilegal, no tienen contadores ni nada, y el 90% son plantaciones de marihuana”, señalan fuentes conocedoras de la situación.

El fraude lo pagan los consumidores

Sólo en el mes de junio, la Guardia Civil ha realizado 16 actuaciones contra el cultivo de marihuana en Granada, interviniendo 6.645 plantas y poniendo a disposición judicial a más de 30 personas. En lo que va de año, se han imputado o detenido a más de 100 personas e incautado cerca de dos toneladas de marihuana, solo en la provincia de Granada.

“El impacto económico no lo pagan las compañías eléctricas, sino todos los españoles a través del recibo de la luz»

El fraude eléctrico lo pagan todos los ciudadanos, ya que supone un incremento en la factura que pagamos todos de 150 millones de euros al año, según cálculos de la CNMC, y de más de 500 millones, según cálculos de las compañías eléctricas. El fraude eléctrico es un delito tipificado en el Código Penal, que conlleva multas y penas de cárcel de entre tres y doce meses. La ley, además, permite a las eléctricas cortar el suministro de forma inmediata cuando se haya realizado un enganche ilegal.

“El impacto económico no lo pagan las compañías eléctricas, sino todos los españoles a través del recibo de la luz, porque así es como está establecido. A parte del problemón de seguridad, porque la gente se puede quedar pegada, el tema es que esto lo pagamos entre todos”, declaran desde una compañía eléctrica.

Pisos Puente

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, una compañía eléctrica realizó la campaña de inspección con la autorización de la Subdelegación del Gobierno de Granada y bajo la protección de la Guardia Civil. Esta compañía detectó múltiples enganches ilegales a la red en siete bloques completos de la urbanización Las Flores. Además, las escasas viviendas de estos bloques que sí tenían un contrato eléctrico también estaban en situación de fraude por manipular los contadores o por dobles acometidas.

Posteriormente, en una nueva revisión, se detectó que los defraudadores habían forzado la puerta del centro de transformación, cambiado la cerradura y reconectado de forma ilegal todos los suministros a los que se había cortado la luz. Defraudadores que no dudaron en colocar fusibles, realizar puentes y hacer zanjas en la calle para buscar líneas de clientes y engancharse a ellas, llegando incluso a manipular la red de Media Tensión, con alto riesgo de electrocución y de incendio.

Los técnicos, amenazados

Según han declarado a OKDIARIO, los técnicos de las compañías sufren constantes amenazas en Pinos Puente, donde se han detectado numerosas plantaciones de marihuana enganchadas de forma ilegal a la red eléctrica que saturan las instalaciones con un consumo disparado. Los defraudadores llegan incluso a realizar falsos avisos de avería en otras zonas para conseguir que los técnicos de la eléctrica se desplacen hasta allí y forzarles, usando incluso navajas y pistolas, a que les reparen sus instalaciones eléctricas ilegales.

Viviendas ‘ilegales’

La Junta de Andalucía calcula que hay cerca de 300.000 viviendas en la Comunidad que no cuentan con Licencia Municipal tal y como ha confirmado OKDIARIO, y, por lo tanto, no pueden contratar electricidad, agua, gas o telecomunicaciones. Al carecer de la licencia municipal, muchas de esas viviendas optan por conseguir la luz de forma ilegal, normalmente enganchándose a la red. Unos enganches ilegales que pueden provocar accidentes graves tanto a los usuarios, como a los operarios de las empresas eléctricas o a cualquier ciudadano que se tope con ellos. Además, según explican los expertos consultados por este diario, estos enganches provocan un deterioro del servicio de los consumidores que sí tienen contrato y pagan sus facturas, con sobrecargas en la red y bajadas de tensión.