Caos hipotecario: en riesgo 6.300 millones para la banca y una multa a España de 105.991 € al día

El deterioro jurídico al que ha llegado el mercado hipotecario español, entre otros motivos, por la inacción política ha obligado al Tribunal Supremo a adoptar una medida insólita esta semana. En los próximos días, el Pleno de la Sala se reunirá para revisar una sentencia recién dictada sobre un impuesto a las hipotecas.

La banca se juega en este litigio hipotecario unos 6.300 millones de euros (de los que 4.200 millones corresponden al tributo). Pero el Estado español también afronta una multa millonaria de 105.991 euros diarios por no haber modificado a tiempo una legislación vital para los españoles como es la que regula el mercado hipotecario.

En un país en el que más del 80% de las familias tiene una casa en propiedad que ha sido comprada con financiación bancaria (según estimaciones de la Asociación Española Bancaria, AEB), llama la atención cómo la legislación vigente fue redactada en el año 1946. El aumento exponencial que han experimentado en los últimos años los litigios contra los bancos debería haber sido motivo suficiente para revisar la normativa. Pero hay más.

El Estado español acumula dos años y medio de retraso en la transposición una Directiva europea a la Ley Hipotecaria

Como miembro de la Unión Europea, España debería haber renovado la Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario antes del 21 de marzo de 2016. Una obligación con la que no se ha cumplido aludiendo a la inestabilidad política y que amenaza con desatar un nuevo escándalo por una sanción millonaria.

El Estado español acumula dos años y medio de retraso en la transposición de la Directiva 2014/17 que obliga a renovar la conocida como Ley Hipotecaria. La incapacidad de los grandes partidos para llegar a un acuerdo en esta materia acabó con la paciencia de Bruselas, que denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer su directiva.

La sentencia de Estrasburgo es inminente. Una vez que sea dictada, España tendrá que abonar una multa de 105.991 euros por cada día de retraso en transponer la normativa comunitaria. En el peor de los casos, el TJUE podría reclamar el pago por los cerca de 1.000 días de retraso en los que ha incurrido el legislador español, más el tiempo que tarde en implementar las nuevas normas. De este modo, la multa podría llegar a superar los 100 millones de euros.

El Supremo enciende a Podemos

En este contexto, lo ocurrido en el Tribunal Supremo esta semana, con una rectificación inédita ante el caos que se ha generado por la sentencia que obligaba a la banca a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no va a ayudar a esquivar esa multa.

Pese a que la Comisión de Economía comenzó por fin hace algunas semanas a debatir las más de 230 enmiendas con las que cuenta la Ley Hipotecaria, la sentencia y el posterior repliegue del Supremo ha avivado el discurso de Podemos contra uno de sus enemigos más clásicos: la banca. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha exigido a los bancos que pidan perdón a los españoles por aplicar el reglamento que el Supremo pone ahora en cuestión.

Con este discurso del socio de Gobierno de Pedro Sánchez, legislar en materia hipotecaria se antoja complicado. Máxime en un momento en el que el sector financiero afronta un mal momento por la debilidad de sus márgenes -debido a los bajos tipos de interés- y el alto coste del capital -motivado por la exigente regulación impuesta tras la crisis-.

Entre las exigencias de Podemos figura la prohibición por ley de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para los colectivos vulnerables, la dación en pago o establecer que la banca sea responsable de la solvencia del deudor. Medidas que el PSOE tiene difícil aceptar.

Se acumulan los litigios

Mientras el Congreso debate las enmiendas in extremis para esquivar la multa de Estrasburgo, la banca sigue afrontando en los Tribunales múltiples litigios en materia hipotecaria. Sólo por este tributo se juega 4.200 millones, a los que se sumarían otros 2.100 millones de euros si se modifica la sentencia de febrero de 2018 en la que se le eximió del pago de la notaría y registro. A estas cifras hay que sumar otros conflictos judiciales. El sector afronta un riesgo de otros 3.000 millones por el de cláusulas de vencimiento anticipado y de otros 4.000 millones por el Índice de Referencia de los Precios Hipotecarios (IRPH).

Con la nueva normativa, el sector financiero espera tener un marco jurídico estable al que poder acogerse. Mientras, los ciudadanos deberían notar sus efectos porque entre los objetivos de la reforma figura el abaratar las comisiones por cancelación anticipada y el dotar de una mayor transparencia a un mercado de vital importancia para los españoles, como es el hipotecario.